En marzo de 2025, el Parlamento húngaro aprobó una enmienda legal, comúnmente conocida como la “ley de propaganda LGBT+”, que prohíbe cualquier evento público que “promocione o muestre homosexualidad, cambio de sexo o identidad diversa frente a menores” bajo el argumento de proteger su desarrollo moral y psicológico . Esta normativa fue reforzada con una enmienda constitucional para otorgar primacía a los derechos de los niños sobre casi cualquier otro derecho fundamental .
Poco después, la policía emitió una orden prohibiendo no solo la Marcha del Orgullo del 28 de junio, sino también otras movilizaciones relacionadas, calificándolas de “eventos que podrían llegar a parecer una manifestación de Orgullo” . Las autoridades convocaron esta medida legal para desplegar reconocimiento facial, sanciones de hasta 500 € y posibles penas de prisión contra organizadores y asistentes.
A pesar de la prohibición, el 28 de junio decenas de miles —según las estimaciones oficiales, entre 180 000 y 300 000 personas— se movilizaron por las calles de la capital húngara en lo que se convirtió en uno de los mayores actos de resistencia ciudadana de su historia contemporánea .
Bajo el lema “La libertad y el amor no pueden ser prohibidos”, la marcha avanzó de forma pacífica, con apoyo activo del alcalde Gergely Karácsony —miembro del partido verde Diálogo por Hungría—, quien clasificó el evento como una celebración municipal oficial, evitando así la legalidad impuesta por el Gobierno central.
La manifestación estuvo respaldada por una amplia delegación internacional: más de 70 eurodiputados y políticos europeos, incluidos figuras como Yolanda Díaz, Irene Montero, Ernest Urtasun y otros, se sumaron a la marcha.
El primer ministro Viktor Orbán advirtió que los participantes se enfrentaban a “consecuencias legales”, apelando a la obligatoriedad de proteger a los menores ante escenas que podrían considerarse “impropias” o “insuficientemente cubiertas”. La ley contempla sanciones # administrativas rápidas, incluso en ausencia de procesos judiciales suspendidos .
Organizadores y agrupaciones de derechos humanos han presentado recursos en el sistema judicial húngaro, así como ante instancias europeas, denunciando la arbitrariedad y discriminación de estas medidas —por ejemplo, el veto a una marcha menor del 1 de junio, que no era el Pride oficial.
Bruselas, por su parte, ha mostrado su preocupación ante la Comisión Europea, que valora emprender acciones legales por vulneración de valores comunitarios .
Durante la multitudinaria marcha y su previo Festival del Orgullo, la activista sueca Greta Thunberg participó de forma activa y visible. Debido a ello, las autoridades húngaras han abierto un expediente formal en su contra, señalando que su presencia —como la de cualquier otro participante— viola directamente la ley que prohíbe que menores estén expuestos a “representaciones de homosexualidad o identidad de género diversa” .
Por el momento, no se han publicado detalles sobre la sanción concreta que podría enfrentar. Pero, según el marco legal vigente, podría incluir desde multas económicas hasta prohibiciones de entrada futura al país o medidas judiciales.
