Podrían postular candidatos para el Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.— Ante la esperada aprobación de la reforma judicial y la postura irrevocable del Ejecutivo federal de que los juzgadores del país sean electos por voto popular, las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a preparar propuestas que ayuden a aminorar los efectos negativos que puede tener este esquema, publica el portal de “Proceso”.

Las organizaciones participantes esperan que, en el marco de los foros realizados por la Cámara de Diputados, sus propuestas sean recibidas y analizadas por los legisladores durante la elaboración del dictamen final.

“Estamos de acuerdo con el diagnóstico de la iniciativa del presidente que establece que la justicia en el país no siempre es muy eficiente, que hay altos niveles de impunidad y que la justicia puede ser muy distante de la gente y por ello es importante mejorarla, pero no estamos de acuerdo con las soluciones que se proponen.

“La propuesta de elegir a las personas juzgadoras de todos los niveles por voto popular conlleva muchos riesgos y que el Tribunal de Disciplina Judicial, como está planteado, también conlleva muchos riesgos.

“Entendemos que es importante para la mayoría que ganó las elecciones y por ello, con base en la propuesta del presidente, pensamos en algunos ajustes que se le podrían hacer para intentar mitigar esos riesgos”, explicó en entrevista con “Proceso” la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fjedd), Laurence Pantin, quien participa en una de las propuestas junto con otras organizaciones pertenecientes al colectivo #LaJusticiaQueQueremos.

“La reforma no plantea las soluciones a los problemas que se detectaron en el diagnóstico que viene en la exposición de motivos de la iniciativa. No se prevén, por ejemplo, medidas para garantizar la calidad en el acceso a la justicia; la reforma no prevé nada que amplíe el acceso a la justicia, como procedimientos en los que no haya la necesidad de contar con un representante legal o disminuir los costos de algunos trámites, como el juicio de amparo, entre otras”, asegura.

Al igual de la mayoría de los académicos, políticos e integrantes del PJF, Pantin detalló que las organizaciones participantes de esta propuesta coinciden en que los juzgadores que sean electos por voto popular no necesariamente tendrán los conocimientos ni la capacitación necesaria para ocupar ese tipo de cargos.

“No hay ningún mecanismo que asegure que las personas vayan a tener las calificaciones necesarias para ser juzgador. Esto nos parece preocupante”, comentó.

El 9 de julio, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador rechazó que se exija a los candidatos a juzgador que cuenten con una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio profesional.

“No cualquier persona puede ser juzgadora. Éste es uno de los riesgos, porque el problema de una persona que no conoce bien el Derecho, que carece de habilidades para escuchar o juzgar la personalidad de las personas, indica que su trabajo puede llegar a ser sezgado o incluso incorrecto, en el sentido de que si no aplican bien el Derecho esto podría llevar a una situación que puede afectar muchísimo la impartición de justicia y el derecho de las personas a tener un acceso a una justicia efectiva y adecuada”, opinó Pantin.

Después de las elecciones del 2 de junio pasado, en las que Morena obtuvo no sólo la Presidencia de la República sino mayoría parlamentaria, el presidente López Obrador ha enfatizado en que la elección de juzgadores “va porque va”, como advirtió el pasado lunes 8 el diputado morenista y próximo senador Óscar Cantón Zetina, en la clausura del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, organizado por el Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo federal al Congreso, corresponderá al presidente de la República nominar a 10 candidatos, al Poder Legislativo otros 10 y al Judicial otros 10 para que, de esos, la ciudadanía elija a los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Inamovible?

Ante esta postura que parece inamovible, la propuesta de organizaciones como la Fjedd es que, para el caso de la elección de los ministros de la Corte, los candidatos sean preseleccionados a través de un proceso meritocrático que incluya un examen teórico-práctico y que un comité técnico revise sus antecedentes para definir quiénes podrían llegar a ser candidatos.

“Es un modo de rescatar la idea del concurso de oposición (actualmente vigente), porque es muy importante que en este caso se realice una convocatoria abierta, es decir, que cualquier persona interesada se pueda postular, porque el Poder Judicial llegó a ser demasiado endogámico, y aunque la carrera judicial es muy buena, se debería mejorar en el sistema actual que los concursos de oposición siempre estén abiertos a personas externas al Poder Judicial, en cualquier nivel”, detalló Pantin.

“Es decir, sí estamos considerando que podría funcionar esta idea del voto popular, con la salvaguarda de armar esta bolsa de candidatos que cumplen con ciertos requisitos básicos para ser preseleccionados”.

Sin embargo, sostuvo que en el caso de los jueces y magistrados de todo el país sería muy problemático eliminar la carrera judicial, motivo por el cual propondrán conservar el procedimiento de designación actualmente vigente, pero que los concursos de oposición sean siempre abiertos para evitar la endogamia que han observado.

“Estamos convencidos de que el voto popular no es la mejor solución, pero entendemos que para el presidente es una cosa no negociable. Tomando esto en cuenta, consideramos que hay cosas que se puedan hacer para mejorar y en particular para el caso de los ministros y quizá también para los magistrados del tribunal electoral”.