CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió ayer lunes al gobierno mexicano y al sector privado a preparar una estrategia conjunta para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026.
La organización de más de 36,000 empresas en todo el país considera que esta revisión, que hará el gobierno con los empresarios del “cuarto de junto”, representa un desafío y una oportunidad para el desarrollo económico del país, en especial ante el “nearshoring” o relocalización de cadenas de suministro.
José Medina Mora, presidente saliente de Coparmex, destacó en un encuentro con medios la importancia de mantener la certidumbre jurídica y la competitividad para el éxito del tratado, en especial, tras reformas en México que han desaparecido reguladores autónomos y han creado nuevas dependencias gubernamentales.
“Hay cinco de las 18 reformas constitucionales recientes tienen elementos que difieren con lo que firmamos en el T-MEC”, advirtió Medina Mora al recordar extinciones como la del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Señaló casos como el sector energético, donde la empresa estatal Comisión Federal De Electricidad (CFE) ahora juega un papel preponderante frente a empresas privadas de Estados Unidos y Canadá, así como los recientes cambios para elegir por voto popular al Poder Judicial a partir de 2025.
“Nos comprometimos con la independencia del Poder Judicial. Habrá que explicar cómo lograremos esa independencia cuando los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte son electos por voto popular”, dijo.
Asimismo, Coparmex subrayó la oportunidad del “nearshoring”, pues Juan José Sierra, presidente entrante de la organización, señaló que el país solo recibe el 3% de la inversión extranjera directa vinculada a este fenómeno, algo bajo frente al potencial existente.
Para capitalizar esta oportunidad, Sierra solicitó garantizar tres condiciones clave: seguridad, energía limpia y certeza jurídica.
“Nos dicen que no estamos recibiendo ni el 3% de inversión extranjera directa nueva hacia nuestro país (…) creo que tenemos que poner énfasis, dialogar y colaborar con el gobierno para que estas tres condiciones, que son fundamentales para la inversión, se vuelvan una realidad”, afirmó.
Medina Mora instó a las autoridades a fortalecer el capítulo de pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro del tratado para integrarlas plenamente en las cadenas de suministro.
“Las pymes son el motor del desarrollo económico. Debemos enfocarnos en darles acceso a las oportunidades que ofrece el T-MEC y el nearshoring”, destacó.
Coparmex calcula que México podría atraer entre 60,000 y 65,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa si logra consolidar las condiciones necesarias para aprovechar el tratado y las tendencias globales de relocalización.
En contraste, los líderes empresariales han advertido de que maquiladoras han salido del país ante la incertidumbre y los costos cada vez más elevados ante nuevas reformas laborales, con dos de ellas que han optado por mercados en Centroamérica como el de Costa Rica y Honduras.
No a la extorsión fiscal
Además, la Coparmex exigió ayer al gobierno evitar una “extorsión fiscal” a empresas, en especial hacia la micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La petición se da en el marco de la aprobación del próximo Paquete Económico para 2025 en el Congreso, el cual incluye la perspectiva de ingresos gubernamentales, los gastos, impuestos y derechos, así como en la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de mayor fiscalización y persecución de la evasión fiscal.
“Ahora sabemos que había empresas a las que se les perdonaban impuestos y qué bueno que cada empresa pague lo que le corresponde (de impuestos en la actualidad). Lo que no queremos es que esto se convierta en una extorsión fiscal”, señaló.
En este marco, el gobierno mexicano apunta a ingresos históricos para 2025 por el orden de 9.3 billones de pesos, equivalente al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Si bien la Coparmex, reconoció que el próximo paquete no adiciona ni aumenta cargas fiscales, contrastó que diversas localidades y estados del país han emprendido “aumentos desproporcionados de impuestos, derechos y licencias”, lo que pone en riesgo la operación de negocios y afecta la inversión.
José Medina Mora, presidente saliente de Coparmex, explicó que estas distorsiones ocurren cuando las autoridades locales buscan compensar déficits presupuestarios incrementando de manera arbitraria las cargas económicas para las empresas.
Resaltó que estas nuevas imposiciones son “completamente desproporcionadas” y señaló que el fenómeno se puede apreciar en todo el territorio mexicano, al tiempo que se crean nuevos gravámenes como los llamados ecológicos que dijo, se pagan a “costa de las empresas”.
“Nos parece que no es el camino, el simplemente tratar de extraer más recursos de las empresas”, denunció, al tiempo que señaló este motivo como una de las causas del cierre de empresas o que se trasladen a otros sitios e incluso migren a la informalidad.
El líder empresarial destacó que esta situación se agrava en ciudades, municipios y estados con menores ingresos federales, como Matamoros, Reynosa (frontera con Estados Unidos) y Veracruz y también señaló prácticas irregulares en el manejo de impuestos y fideicomisos estatales, como en Guanajuato y Yucatán, donde los recursos destinados a proyectos específicos han sido redirigidos sin consulta con los empresarios que contribuyen a ellos.
En este sentido, la Coparmex instó al gobierno a establecer un marco claro y equitativo para la recaudación fiscal que no afecte a las empresas.
Por su parte, Juan José Sierra, quien asumirá la presidencia de Coparmex a partir del 1 de enero de 2025, enfatizó la necesidad de una mejora regulatoria que elimine la burocracia excesiva y promueva la digitalización de trámites.
Esto, aseguró, podría reducir significativamente las oportunidades de corrupción y extorsión, al tiempo que se posicionó en favor de erradicar cualquier posible extorsión fiscal, así como la evasión del pago de impuestos por parte de las empresas.
Además de prevenir las extorsiones fiscales, Coparmex destacó la oportunidad de impulsar una política fiscal que fomente la formalidad, en un país donde el 54 % de la economía opera en la informalidad.
Finalmente, la confederación subrayó que la colaboración entre el sector privado y las autoridades será clave para superar estos desafíos y aprovechar las oportunidades de desarrollo económico de manera equitativa y sostenible.
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