5 de noviembre de 2025.– El Gobierno interino del Perú emitió un decreto supremo que permitirá juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos dentro del sistema penal. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, busca responder al incremento de la delincuencia juvenil que afecta a distintas regiones del país. Sin embargo, la decisión ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que la consideran un retroceso en materia de protección infantil.
Una reforma penal controvertida
El decreto establece que los adolescentes imputados serán incluidos en el sistema penal común, aunque “en lo posible” serán ubicados en grupos diferenciados para evitar su convivencia con internos adultos. Asimismo, se prevé que los menores de 21 años y los mayores de 60 sean aislados del resto de la población penitenciaria. Con ello, el Ejecutivo busca fortalecer la seguridad en los centros de reclusión y frenar la participación de jóvenes en delitos graves como robos, extorsiones y homicidios.
A pesar de estas consideraciones, expertos advierten que juzgar a adolescentes como adultos no soluciona el problema de fondo. Según el Instituto Nacional de Criminología, más del 70% de los menores infractores en Perú provienen de entornos de pobreza y exclusión social. Las condiciones de marginalidad y falta de acceso a la educación son los principales factores que los empujan al delito. La medida, por tanto, podría castigar la consecuencia y no la causa del fenómeno.
Programas de resocialización y vínculo familiar
El decreto también contempla un “programa de resocialización” con enfoque psicológico especializado, orientado al tratamiento y reinserción de los menores condenados. Además, se promoverá el fortalecimiento del vínculo familiar como parte esencial del proceso de rehabilitación. Aunque esta disposición busca equilibrar el componente punitivo con uno educativo, asociaciones civiles han señalado que el sistema penitenciario peruano carece de recursos suficientes para garantizar la efectividad de estos programas.
Diversos psicólogos y criminólogos subrayan que el tratamiento de los adolescentes infractores debe centrarse en la prevención y la educación, no únicamente en la sanción. En países donde se ha implementado un modelo similar, como Chile y Brasil, los resultados han sido limitados y han incrementado la reincidencia delictiva juvenil. Por ello, especialistas recomiendan que el Estado invierta en políticas públicas que fortalezcan la estructura familiar, la educación técnica y las oportunidades laborales tempranas.
