
La relación entre Perú y México atraviesa uno de sus momentos más tensos en años. La Cancillería peruana aseguró que la concesión de asilo político por parte del gobierno mexicano a la exprimera ministra Betssy Chávez representa una “injerencia en los asuntos internos” de su país. La postura de Perú señala que no se trata de persecución política, sino de la presunción de delitos cometidos por la exfuncionaria. Este episodio amenaza con complicar la histórica cooperación entre ambos países latinoamericanos.
El canciller peruano, Hugo de Zela, criticó abiertamente la decisión de México, acusando al gobierno de adoptar una visión “ideologizada” sobre la situación interna de Perú. Según de Zela, esta postura no solo distorsiona la figura del asilo político, sino que deteriora una relación que previamente calificaba como “excelente”. La acusación subraya la tensión entre soberanía nacional y tradiciones diplomáticas de acogida humanitaria.
México, por su parte, mantiene su tradición de ofrecer refugio a personas en riesgo, defendiendo el asilo como un derecho internacional. Sin embargo, para Perú, este caso supera los límites del respaldo humanitario y se convierte en un acto que condiciona la política interna peruana. La disputa evidencia cómo el asilo político puede transformarse en un detonante de conflictos diplomáticos.
A pesar de la tensión, Perú aclaró que los servicios consulares con México se mantienen activos, pero advirtió que la relación bilateral podría verse afectada en otros ámbitos. La Cancillería reafirma su postura de que el asilo no debe servir para proteger a personas acusadas de delitos, y que México, al intervenir de esta manera, cruza una línea de respeto a la soberanía.
Este enfrentamiento se produce en un contexto de sensibilidad política en la región, donde cada decisión sobre asilo es observada de cerca. Perú insiste en que no se trata de limitar los derechos humanos, sino de preservar la integridad de sus procesos judiciales. La tensión marca un precedente sobre cómo los países latinoamericanos interpretan y aplican los principios del derecho internacional en casos de alto perfil.






