22 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. El investigador y regidor Lenin Contreras ha alertado sobre un desconocimiento profundo respecto a la realidad que viven miles de trabajadores en Baja California. Aunque la atención pública suele enfocarse en las exportadoras de gran tamaño, la verdadera crisis de empleo no registrado en San Quintín se concentra en las pequeñas unidades agrícolas. En estos lugares, la falta de contratos legales y los esquemas de pago fuera de la ley siguen siendo la norma, dejando a los jornaleros en una situación de vulnerabilidad extrema frente a sus empleadores.
Tras una reunión estratégica con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se acordó utilizar estudios realizados en conjunto con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para atacar el problema. El objetivo es que la ocupación irregular en San Quintín deje de ser invisible para las instituciones federales. Contreras enfatizó que, si bien la huelga de 2015 marcó un antes y un después en la lucha agraria, los avances en derechos básicos no han llegado a los ranchos más pequeños ni a las zonas más alejadas como El Rosario.
Desafíos en el bienestar de los jornaleros
Uno de los puntos más críticos discutidos fue el estancamiento en las prestaciones sociales y la salud. Mientras que las empresas grandes han implementado seguros, becas y útiles escolares, el sector de la actividad laboral informal en San Quintín carece de servicios básicos del IMSS. Esto se debe a que muchos patrones omiten dar de alta a sus trabajadores, manteniendo un censo de afiliados totalmente desactualizado que no refleja la cantidad real de familias que dependen del campo para sobrevivir.
A esta problemática se suma la persistencia del trabajo en adolescentes a partir de los 15 años. Aunque ha disminuido, la labor sin contrato en San Quintín sigue siendo una salida para jóvenes que, debido a factores culturales y económicos, ya son padres de familia a temprana edad. La necesidad de llevar ingresos al hogar los obliga a integrarse a un mercado que no les ofrece garantías de seguridad ni estabilidad, perpetuando un ciclo de pobreza que el municipio, declarado Zona de Atención Prioritaria, no ha logrado romper.
Contexto migratorio y presión social
San Quintín se ha consolidado como un polo receptor de migrantes no solo del sur de México, sino también de otros estados e incluso del extranjero. Esta constante llegada de personas incrementa la demanda de vivienda y servicios, agravando la informalidad en el campo de San Quintín. La falta de una planificación integral ha generado que el crecimiento poblacional supere la capacidad de respuesta del gobierno, dejando a los recién llegados a merced de empleos temporales sin ningún tipo de protección legal o sanitaria.
Finalmente, el clima social se ha tensado recientemente con bloqueos en la Carretera Transpeninsular. Estas manifestaciones, aunque ajenas al movimiento jornalero original, exigen la renuncia de autoridades locales y han afectado el traslado de productos hacia Estados Unidos. Este escenario de inestabilidad subraya la urgencia de aplicar el Plan Integral anunciado por el Gobierno de México, buscando que la economía sumergida en San Quintín se transforme en un sistema de justicia social que garantice salarios dignos y el cese de abusos como el acoso laboral.
La brecha de género y el «reconocimiento de gravidez»
