CIUDAD DE MÉXICO.— La reparación integral del daño a las víctimas de feminicidio aún es una deuda del Estado mexicano, “por lo que las y los juzgadores, ministerios públicos y fiscalías especializadas en el tema deben hacer esfuerzos adicionales”, aseguró María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
La defensora de derechos humanos de las mujeres precisó que es el Poder Judicial el que emite las sentencias y determina las reparaciones, mientras que las fiscalías son la que deben investigar para acreditar el delito, y ambas instancias quedan a deber a las víctimas de feminicidio y a sus familias.
En la víspera del Día Internacional de la Mujer (8M) se expuso que “la impunidad, la revictimización y el desamparo institucional siguen siendo la norma, dejando en el abandono a quienes buscan justicia”.
Precisó que además de no haber una justicia efectiva, cuando llega a obtenerse llega tarde, lo que es inadmisible en un país en el que el feminicidio sigue siendo una de las violencias más crueles contra las mujeres.
Según cifras oficiales, entre 2015 y 2024 se registraron 28,977 asesinatos de mujeres, de los cuales 8,127 (28%) se investigan como feminicidios, señala La Jornada.
En 2024 fueron asesinadas 3,395 mujeres, adolescentes y niñas; sin embargo, solo el 23% de los casos se investigaron como feminicidio.
Los estados con mayor incidencia de feminicidios ese año fueron Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Veracruz y Chihuahua, mientras que los municipios fueron Chalco, Ecatepec, Iztapalapa, Juárez, Monterrey, Nezahualcóyotl y Tijuana.
A pesar de los criterios establecidos por la Suprema Corte para que estos crímenes sean investigados con perspectiva de género, en la práctica la mayoría de los casos quedan impunes, perpetuando el dolor y la injusticia para las familias.
“Este 8 de marzo llega en un contexto en el que, a pesar de los años transcurridos desde la adopción de plataformas como Pekín y la reciente conmemoración de la Convención de Belém do Pará, donde se han establecido directrices para el avance de derechos, las leyes y políticas en México siguen sin garantizar el acceso efectivo a los derechos de las mujeres”, señaló la defensora de los derechos humanos de las mujeres.
El reconocimiento legal de violencias como la vicaria, la digital y la política refleja la diversidad de agresiones que afrontan mujeres, niñas y adolescentes.
“Sin embargo, estas leyes y políticas públicas no se traducen en una protección real debido a la omisión, negligencia, corrupción e incapacidad del Estado para prevenir y sancionar estas formas de violencia”, aseveró.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: la reparación debe incluir garantías de acceso a la justicia, verdad y medidas de no repetición. Esto implica no solo sancionar a los responsables, sino también adoptar acciones concretas para resarcir a las víctimas, sus familias y a la comunidad, aseveró.
“No bastan las declaraciones oficiales; el país necesita medidas concretas que restituyan la dignidad y los derechos de las víctimas y que garanticen el acceso a la justicia”, aseveró. Por eso “este 8 de marzo alzamos la voz por todas las víctimas de feminicidio y por sus familias, que siguen exigiendo justicia”.
Es realmente triste ver cómo el Estado sigue sin hacer lo suficiente por las víctimas de feminicidio y sus familias. La falta de apoyo y reparación es una injusticia que no se puede pasar por alto. Es hora de que se tomen en serio estas situaciones y se actúe de manera efectiva para ayudar a quienes más lo necesitan. La indiferencia no debería ser una opción.
Es increíble que a estas alturas todavía haya deudas del estado con las víctimas de feminicidio y sus familias. Es un tema que no se puede dejar de lado, ya que estas familias merecen justicia y apoyo real. La indiferencia del gobierno solo muestra que aún hay mucho por hacer en cuanto a la protección y derechos de las mujeres.
Es increíble que después de tanto tiempo, las familias de las víctimas de feminicidio sigan esperando apoyo y justicia. La indiferencia del Estado es inaceptable y muestra que aún hay un largo camino por recorrer para garantizar la seguridad y el respeto hacia las mujeres. Es hora de que se tomen en serio estas demandas y se actúe de manera efectiva.