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Periodista León Segovia obtiene amparo y deja el arraigo domiciliario en Veracruz

Carlos Medina Cortez by Carlos Medina Cortez
enero 23, 2026
in Destacado, Nacionales, Portada, Principal
Tiempo de lectura: 4 mins de lectura
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23 DE ENERO DEL 2026 – NACIONAL. El comunicador Rafael León Segovia, mejor conocido en el gremio como «Lafita», ha logrado dar un paso importante en su situación legal tras obtener un amparo judicial en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Esta decisión le permitió abandonar finalmente la medida de arraigo en su casa, la cual se le había impuesto tras ser detenido el pasado mes de diciembre. Su defensa legal confirmó que esta resolución es un avance significativo, permitiendo que el comunicador recupere gran parte de su movilidad para realizar sus actividades diarias y personales fuera de su vivienda.

Inmediatamente después de ser notificado sobre el levantamiento del resguardo en su domicilio, León Segovia decidió retomar su labor informativa en las calles de la ciudad para visitar a sus fuentes de confianza. El periodista relató que fue su abogada quien le dio la noticia la tarde de ayer, confirmando que ya no existía la restricción que lo mantenía encerrado. A pesar de este alivio, el comunicador adelantó que su equipo legal ya está trabajando en un nuevo recurso para intentar que se desechen las acusaciones restantes que la Fiscalía mantiene en su contra.

La caída de la acusación por terrorismo

Es importante recordar que la detención de «Lafita» ocurrió el 24 de diciembre, en medio de acusaciones muy graves que incluían el delito de terrorismo y ataques a las instituciones de seguridad. Sin embargo, durante el proceso, la Fiscalía General del Estado no pudo presentar pruebas suficientes para sostener el cargo de terrorismo ante el juez. Debido a esta falta de evidencia, la autoridad judicial decidió en aquel momento cambiar la prisión por la medida de permanencia obligatoria en su hogar, la cual ha quedado sin efecto gracias al amparo obtenido recientemente.

A pesar de que el periodista ya no se encuentra bajo detención en su propia vivienda, el proceso judicial en su contra todavía no ha terminado de manera definitiva. Actualmente, León Segovia sigue vinculado a proceso por otros dos delitos menores: encubrimiento por favorecimiento y faltas contra las instituciones de seguridad pública. Por esta razón, el comunicador deberá seguir atendiendo los llamados de la justicia mientras sus abogados buscan demostrar su inocencia total en los cargos que todavía se mantienen vigentes en el expediente penal.

Preocupación por la libertad de expresión

Desde que se dio a conocer el caso, diversas organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y la libertad de prensa manifestaron su rechazo por el trato recibido por el reportero. Estos grupos señalaron que la imposición inicial de un confinamiento en su residencia y los cargos de terrorismo parecían más un ataque directo al ejercicio del periodismo que una acción de justicia real. El caso de «Lafita» se convirtió rápidamente en un ejemplo de los riesgos que enfrentan los comunicadores en el estado de Veracruz al realizar su trabajo informativo.

Finalmente, el regreso del periodista a las calles ha sido visto con buenos ojos por sus colegas, quienes consideran que ninguna medida de aislamiento en el domicilio debería usarse para silenciar voces críticas. Por ahora, el periodista se mantiene optimista y enfocado en limpiar su nombre por completo, mientras la opinión pública sigue de cerca el desenlace de este juicio. La resolución final de este caso será fundamental para sentar un precedente sobre cómo se deben manejar las acusaciones legales contra personas que trabajan en los medios de comunicación en la región.


El contexto de la Ley de Protección a Periodistas

La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La importancia de esto radica en que, aunque el amparo liberó a León Segovia del arraigo, la ley estatal actual carece de protocolos claros para evitar que la Fiscalía utilice tipos penales ambiguos, como el de «ultrajes» o «terrorismo», contra comunicadores. Expertos legales sugieren que este caso podría impulsar una reforma que otorgue inmunidad procesal preventiva a los reporteros mientras se investiga la veracidad de denuncias relacionadas con su labor de campo.

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