30 DE OCTUBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. El Pentágono ha dado luz verde a una orden ejecutiva que obligará a la Guardia Nacional de los 50 estados y cuatro territorios de EE. UU. a formar unidades de respuesta rápida para el control de disturbios civiles. Estas fuerzas especializadas podrán desplegarse a demanda en cualquier parte del país para contener el desorden público. El plan contempla el entrenamiento de cerca de 500 soldados por estado, sumando un total de 23,500 efectivos preparados para la acción.
Un memorándum interno, firmado el 8 de octubre por el mayor general Ronald Burkett, director de operaciones de la Oficina de la Guardia Nacional del Pentágono, detalla las estrictas directrices. El Departamento de Guerra, dirigido por Pete Hegseth, enviará instructores militares para garantizar que el programa de respuesta rápida esté «operativo» para el 1° de enero de 2026.
Cada jurisdicción recibirá «100 equipos de control de multitudes» que incluyen porras, escudos corporales, pistolas Taser y gas pimienta. Las tropas serán entrenadas en técnicas de desescalada, así como en el uso del equipo y la formación de escuadrones de control de disturbios, con la obligación de informar mensualmente al Pentágono sobre sus avances.
Cumplimiento de una Orden Ejecutiva Presidencial
Estas instrucciones responden a una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en agosto. En dicha orden, Trump instó a Hegseth a asegurar que la Guardia Nacional esté capacitada y disponible para asistir a las fuerzas del orden federales, estatales y locales en la tarea de sofocar disturbios civiles y restablecer el orden público «siempre que las circunstancias lo requieran».
El documento presidencial ordenó, específicamente, la disponibilidad de una «fuerza de reacción rápida de la Guardia Nacional permanente» con los recursos y el entrenamiento necesarios para un despliegue rápido en todo el país. Esta movilización centralizada subraya la visión de la administración de utilizar la fuerza militar ante la violencia urbana.
La Casa Blanca defendió esta medida a través de su portavoz, Abigail Jackson, quien declaró que el presidente ha desplegado legalmente a la Guardia Nacional en varias ciudades, bien sea por la negativa de los líderes locales a sofocar la violencia o por invitación expresa de las autoridades. Jackson citó la disminución significativa de la delincuencia en ciudades como Memphis y Washington D. C. tras el despliegue como prueba del éxito del programa de respuesta rápida.
La portavoz desestimó las críticas, asegurando que los resultados «desmienten toda la alarma infundada y las mentiras» sobre la militarización del control de multitudes. La administración sostiene que su objetivo es simplemente «volver a hacer de Estados Unidos un país seguro».
Temores de Militarización y Uso Político
No todos comparten la tranquilidad de la Casa Blanca. Janessa Goldbeck, directora ejecutiva de la Fundación Vet Voice, y ex capitana del Cuerpo de Marines, expresó su profunda preocupación a The Guardian. Goldbeck advirtió que la orden representa un «intento del presidente de normalizar una fuerza policial nacional militarizada«.
La crítica se centra en el temor de que estas fuerzas de respuesta rápida puedan ser utilizadas con fines políticos, incluso en estados gobernados por demócratas sin el permiso de sus gobernadores. El escenario más alarmante, según Goldbeck, es que la fuerza se despliegue para suprimir la participación en las elecciones o incautar papeletas bajo alegaciones de fraude electoral.
Este no es el primer intento del presidente Trump de utilizar a la Guardia Nacional para combatir la delincuencia urbana. Ya lo hizo este año en Los Ángeles y Washington, D.C., a pesar de que las estadísticas oficiales sugerían que el despliegue no era imperativo. Sus intentos de hacer lo mismo en otras ciudades demócratas como Chicago y Portland, Oregón, se han encontrado con serios obstáculos y bloqueos legales en los tribunales, demostrando la controversia legal y política que rodea a esta nueva fuerza de respuesta rápida.
El Conflicto de la Ley Posse Comitatus
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