10 DICIEMBRE 2025-INTERNACIONAL- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que busca reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros implicados en los actos golpistas posteriores a las elecciones de 2022. La propuesta obtuvo 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, lo que refleja una división profunda dentro del Congreso. Con esta votación, el texto pasará ahora al Senado, donde será revisado para determinar si las modificaciones quedan firmes o requieren ajustes antes de su implementación.
El proyecto plantea que no se acumulen dos de los delitos por los que Bolsonaro fue condenado: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. Al considerar que ambos tipos penales son similares, se aplicaría únicamente la pena más alta, correspondiente al golpe de Estado, que establece un máximo de 12 años de prisión. Este cambio reduciría significativamente los 27 años impuestos previamente por la Corte Suprema.
Impacto legal y político
La propuesta también incluye una reducción de la pena cuando estos crímenes se cometen dentro de una “multitud”, como ocurrió en el asalto a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema el 8 de enero de 2023. En lugar de aplicarse una rebaja de un tercio, sería de hasta dos tercios. Además, los condenados podrían avanzar del régimen cerrado al semiabierto después de cumplir solo una sexta parte de la sentencia, o una cuarta parte si hubo violencia.
De acuerdo con el diputado Paulo Pereira da Silva, quien presentó el texto, Bolsonaro podría pasar al régimen semiabierto en poco más de dos años. Los posibles beneficiarios no solo incluyen al exmandatario, sino también a exministros y altos mandos militares condenados por respaldar sus intentos de permanecer en el poder tras perder la elección frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, varios diputados criticaron el proyecto por considerarlo una “normalización” de actos que atentaron contra el sistema democrático.
El Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro, había impulsado inicialmente una amnistía total que anulara por completo la condena, pero esa idea fue rechazada incluso por algunas bancadas de derecha. Finalmente, el sector bolsonarista aceptó una versión más limitada, al considerar que era “lo posible” políticamente. Durante el debate, diputados ultras insistieron en que no hubo intento de golpe y que la condena responde a motivaciones políticas, mientras que sectores de izquierda advirtieron que esta iniciativa envía un mensaje peligroso para la democracia brasileña.
La sesión estuvo marcada por momentos de tensión, con empujones entre legisladores y miembros de seguridad del Congreso. Un diputado de izquierda incluso se sentó en la silla de la presidencia como acto simbólico de protesta y fue retirado a la fuerza. La tensión también alcanzó a la prensa, que fue expulsada del pleno durante parte de la discusión. Este ambiente refleja la polarización persistente en el país desde los sucesos de 2023.
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