Arabia Saudita volvió a romper su propio récord anual de ejecuciones al alcanzar, en lo que va de 2025, un total de 340 personas sometidas a la pena de muerte, de acuerdo con un recuento de la agencia AFP. La cifra se actualizó luego de que las autoridades sauditas confirmaran el fallecimiento de otros tres condenados, lo que ha encendido nuevas alertas entre analistas y organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional.
Este nuevo máximo se registra por segundo año consecutivo y confirma una tendencia sostenida al alza en la aplicación de la pena capital en el reino. Desde la década de 1990, cuando organismos internacionales comenzaron a documentar de manera sistemática las ejecuciones, no se había observado una escalada tan pronunciada como la de los últimos dos años, lo que coloca a Arabia Saudita bajo creciente escrutinio global.
Cifras récord y tendencia creciente
Durante 2024, Arabia Saudita ejecutó a 338 personas, cifra que ya fue superada en 2025, marcando un nuevo récord histórico. Este incremento constante en la aplicación de la pena de muerte ha sido interpretado por expertos como una señal de endurecimiento del sistema penal saudita, especialmente en delitos considerados graves por las autoridades.
Las estadísticas reflejan que el uso de la pena capital no responde a hechos aislados, sino a una política sostenida que ha ido ampliando su alcance. Analistas subrayan que el ritmo de las ejecuciones sugiere una aceleración en los procesos judiciales, lo que genera dudas sobre la profundidad de las revisiones legales y el respeto al debido proceso.
Guerra contra las drogas y efectos diferidos
Especialistas vinculan directamente este aumento con la llamada “guerra contra las drogas” lanzada por Arabia Saudita en 2023. Según este análisis, muchos de los detenidos durante los operativos masivos de esos años están siendo ahora ejecutados tras completar sus procesos legales, lo que explicaría el repunte actual de la pena de muerte.
Las autoridades sauditas han defendido esta estrategia como una medida necesaria para combatir el narcotráfico y proteger la seguridad interna. No obstante, críticos sostienen que el uso extensivo de la pena capital en delitos relacionados con drogas contradice tendencias internacionales que apuestan por sanciones alternativas y políticas de prevención.
