20 de Agosto 2025.- Pedro Segura Balladares, empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero por la coalición PT-PVEM, salió del penal federal del Altiplano luego de haber sido acusado de delincuencia organizada y de presuntos vínculos con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. En sus primeras declaraciones públicas, el empresario aseguró que sus acciones hablan más que las acusaciones en su contra y manifestó su agradecimiento a quienes lo apoyaron durante el proceso.
La detención se produjo el martes de la semana pasada cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo abordaron en la entrada de su hotel en Tepecoacuilco. Posteriormente fue trasladado primero a Cuernavaca y luego ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Su captura generó una fuerte cobertura mediática y controversia política en Guerrero y a nivel nacional.
Tras su detención, los partidos PT y PVEM se deslindaron de Segura, señalando que fue un candidato externo y que no mantuvieron comunicación formal con él después del proceso electoral de 2021. Mientras tanto, en Chilpancingo, Iguala y Acapulco se organizaron marchas para exigir su liberación, reflejando el respaldo de ciertos sectores de la población hacia el empresario.
En sus redes sociales, Segura expresó que recupera su libertad con la frente en alto y reiteró que no es delincuente. Asimismo, criticó al sistema judicial mexicano, indicando que “en México, la ley no es la ley” y que a veces se mueve conforme a intereses oscuros. Estas declaraciones buscan poner sobre la mesa cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Expertos en derecho y seguridad señalan que la liberación de Segura pone de relieve la complejidad de los casos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas, donde acusaciones mediáticas y presiones políticas pueden influir en los procesos judiciales. También advierten sobre la necesidad de fortalecer protocolos de investigación para garantizar que las detenciones y acusaciones se sustenten únicamente en pruebas verificables.
