28 JULIO 2025- INTERNACIONAL- Comprar una propiedad en el Caribe ya no es solo sinónimo de playa, descanso y jubilación. En cinco islas del Caribe Oriental —Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía— se puede adquirir también una ciudadanía por inversión (CBI) desde los 200 mil dólares. Con ello, los compradores acceden a un pasaporte que permite viajar sin visado a más de 150 países, incluidos el Reino Unido y gran parte de Europa.
Este modelo, que ha ganado fuerza en la última década, ha sido especialmente atractivo para ciudadanos de Estados Unidos, Ucrania, Nigeria, China y Turquía. Expertos en migración aseguran que la inestabilidad política en EE.UU. ha impulsado una demanda sin precedentes. Solo el año pasado, las solicitudes desde Norteamérica crecieron un 12%. Muchos compradores ven este segundo pasaporte como una «póliza de seguro» frente a posibles crisis sociales o económicas.
Aunque no es obligatorio residir en la isla, algunos compradores optan por mudarse de forma permanente. Esto no solo les permite aprovechar los beneficios fiscales (como la exención de impuestos sobre rentas, herencias o plusvalías), sino también establecer negocios o vivir en un entorno más tranquilo. Según agencias locales, hasta el 70% de los compradores hoy en día adquieren inmuebles con la nacionalidad como objetivo principal.
Sin embargo, no todo es tan idílico. Este modelo ha recibido críticas de organismos internacionales que acusan a los países de “vender su identidad nacional” y facilitar el paso a posibles evasores fiscales o criminales. La Unión Europea ha advertido que podría suspender el acceso sin visado a estos pasaportes si no se refuerzan los controles. Por su parte, Estados Unidos también ha presionado para evitar abusos del sistema.
Las islas caribeñas han respondido con reformas. Ahora trabajan en la creación de un regulador regional que supervise las solicitudes y asegure procesos más transparentes. Se han comprometido a realizar entrevistas obligatorias, auditorías periódicas y eliminar lagunas legales que permitían a un solicitante rechazado por un país postular en otro. Este avance muestra un intento claro por equilibrar las necesidades económicas con las exigencias de seguridad global.
El impacto económico de estos programas es innegable: en algunos países, como Dominica, representa hasta el 30% de su PIB. Los fondos recaudados se han utilizado para reconstrucción tras huracanes, construcción de hospitales, inversión en educación y fortalecimiento de pensiones. A pesar de las controversias, muchos ciudadanos locales apoyan el modelo al ver mejoras tangibles en su calidad de vida. Aun así, el reto sigue siendo encontrar el equilibrio entre desarrollo económico y la protección de la soberanía nacional.
