
3-Octubre-2025.-.La desaparición de Álvaro Cruz Rangel y Gregoria Malerva Cordero, ocurrida el pasado 27 de septiembre en Tuxpan, Veracruz, tomó un nuevo giro tras la difusión de un video en el que ambos aparecen con los ojos vendados. En la grabación, el matrimonio asegura estar en manos de un grupo delictivo, el cual los acusa de haber recibido dinero de una organización contraria.
En el material difundido en redes sociales, la pareja explica que su retención está relacionada con las actividades de su hijo, actualmente preso en el penal de Tuxpan. Según relatan, él los habría obligado a recibir recursos a nombre de un grupo criminal rival, lo que derivó en que fueran capturados. En el video, Álvaro Cruz afirma que no han sido golpeados y que sus captores “respetan a la familia”, aclarando que la intención del grupo es enviar un mensaje contra la colaboración con organizaciones rivales desde prisión.
La desaparición se reportó cuando la pareja salió a bordo de una motocicleta para realizar compras. Horas después, el vehículo fue encontrado abandonado en la entrada de Zapotal Zaragoza, a la altura de La Virgencita, en el municipio del norte de Veracruz. Este hallazgo reforzó las sospechas de un levantón, aunque hasta ese momento no se conocía su paradero.
El caso ha generado gran preocupación en la comunidad, ya que las desapariciones relacionadas con enfrentamientos entre organizaciones criminales se han vuelto cada vez más frecuentes en la región. De acuerdo con cifras oficiales, Veracruz se mantiene entre los estados con mayor número de reportes de personas desaparecidas en el país.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, confirmó que el tema ya es investigado por las autoridades estatales. “El tema está perfectamente atendido y en investigación”, aseguró, aunque no dio detalles sobre avances ni sobre la estrategia de búsqueda.
Como valor agregado, especialistas en seguridad advierten que este caso muestra cómo los grupos criminales utilizan a familiares de internos en penales para mantener operaciones o enviar mensajes a bandas rivales. Esto no solo incrementa el riesgo para ciudadanos ajenos a la delincuencia, sino que también evidencia la necesidad de mayor control en las cárceles del estado para evitar que sigan funcionando como centros de operaciones del crimen organizado.