
8-julio-2025.-El paradero de Julio César N, hijo del legendario boxeador Julio César Chávez, sigue sin conocerse tras no presentarse a una comparecencia judicial en Estados Unidos. Su abogado, Michael Goldstein, declaró que no tiene información actual sobre su ubicación y desconoce si aún permanece en territorio estadounidense, aunque anteriormente se encontraba bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Hidalgo, Texas.
De acuerdo con un comunicado del DHS, Julio César N había solicitado la residencia permanente legal en EE.UU. en abril de 2024, basándose en su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense y expareja de Edgar Guzmán López, hijo fallecido de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Sin embargo, su petición fue desestimada por declaraciones fraudulentas y por encontrarse ilegalmente en el país.
En diciembre de 2025, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo catalogó como una amenaza grave para la seguridad pública, aunque bajo la política migratoria del gobierno de Joe Biden, no era considerado una prioridad para su detención. Finalmente, el 27 de junio de 2025, se ejecutó su deportación a México. Sin embargo, hasta ahora no hay registro oficial de su ingreso a territorio mexicano, lo que complica su localización.
Un dato que agrava su situación es que desde marzo de 2023, Julio César N cuenta con una orden de aprehensión en México por presunta participación en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Esto implica que su eventual localización no solo sería de interés para las autoridades mexicanas, sino también para agencias internacionales. Expertos en derecho internacional sugieren que, en casos como este, se debería establecer un protocolo conjunto de seguimiento entre México y EE.UU., ya que la deportación sin entrega directa a las autoridades mexicanas facilita que perfiles de alto riesgo desaparezcan del radar institucional.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que se estaban gestionando los trámites de deportación para que enfrentara la justicia en México, pero hasta el momento no hay constancia de que haya sido entregado a las autoridades. Este vacío legal y logístico pone en evidencia las fallas en la coordinación binacional para el manejo de figuras con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
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