9 DE MARZO DEL 2026 – NACIONAL. El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, lanzó una fuerte crítica contra la propuesta de cambio en las leyes de votación impulsada por el Ejecutivo. Según el legislador, el proyecto actual evita tocar el tema de la infiltración de grupos criminales en la política, lo cual representa un peligro real para la democracia en México. El diputado señaló que, mientras el gobierno busca modificar la estructura del árbitro encargado de las elecciones, se olvida de crear mecanismos que frenen la influencia de la delincuencia en los procesos donde los ciudadanos eligen a sus representantes.
Durante un evento de análisis político, Sánchez sostuvo que el país necesita una discusión profunda y seria sobre cómo proteger las urnas. Advirtió que la iniciativa en materia de elecciones no solo es insuficiente, sino que resulta peligrosa al no proponer soluciones contra el financiamiento ilícito o la violencia que sufren muchos candidatos. Para el panista, es inaceptable que se pretenda debilitar a las instituciones actuales sin antes asegurar que el crimen organizado no decida quiénes pueden participar en las campañas o quiénes deben gobernar en los municipios.
La falta de protección y fiscalización en la propuesta
El legislador blanquiazul explicó que el proyecto presidencial se enfoca demasiado en cambios administrativos y en reducir la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, esta modificación legal a las votaciones deja de lado la creación de castigos efectivos para quienes utilicen dinero de procedencia dudosa en sus actividades políticas. Sánchez subrayó que el verdadero enemigo de la libertad ciudadana es el control territorial que ejercen las bandas delictivas, un problema que la reforma del gobierno federal parece omitir de manera intencional.
Además, planteó que cualquier discusión legislativa seria debería garantizar protección federal obligatoria para todos aquellos candidatos que enfrenten amenazas directas. Sin estas garantías, la nueva ley de procesos electorales podría permitir que las organizaciones criminales sigan capturando gobiernos locales, especialmente en las zonas más vulnerables del país. La postura del PAN es que se debe fortalecer la vigilancia y la fiscalización para evitar que los intereses de la delincuencia se impongan sobre la voluntad de los votantes en las próximas jornadas en las urnas.
El riesgo de debilitar al árbitro frente a la delincuencia
Para el diputado federal, el intento del gobierno por controlar al órgano encargado de los comicios distrae de la urgencia de combatir la inseguridad política. Sostuvo que una reestructuración del sistema de sufragio debe tener como prioridad absoluta que las decisiones políticas sigan siendo un reflejo de lo que el pueblo desea y no de negociaciones bajo la mesa con grupos delictivos. El riesgo, según advierte, es que México pierda la capacidad de elegir libremente si no se ponen límites claros al dinero sucio y a la presión que se ejerce sobre los votantes.
