CIUDAD DE MÉXICO.— Se calcula que entre 200 mil y medio millón de armas de fuego estadounidenses entran de contrabando en México cada año, y es parte de lo que se conoce como el “río de hierro”, señala el reportaje televisivo difundido el domingo por el programa dominical 60 Minutos de la cadena CBS y retomado en el portal de Proceso.
El reportaje menciona que se habla poco de lo que llama “la otra crisis en la frontera”, en referencia al arsenal estadounidense que va a parar a manos de los cárteles y que es motivo de una demanda del gobierno mexicano contra fabricantes y tiendas de armas.
El programa se difundió horas después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que nombrará a los cárteles mexicanos de la droga como “organizaciones terroristas”.
La intención del gobierno mexicano, menciona el programa de CBS, es crear un dique que ponga freno a la violencia de los cárteles, lo que de paso podría resolver la crisis de fentanilo que padece la Unión Americana.
“Si cree que las sobredosis de fentanilo son un problema, si cree que la migración a través de la frontera es un problema, si cree que la propagación del crimen organizado es un problema en Estados Unidos, entonces debería preocuparse por detener el flujo de armas del crimen a México.
“Y debe detenerlo en su origen. Porque todos esos problemas son impulsados por el suministro de armas estadounidenses a los cárteles”, dice Jonathan Lowy, abogado estadounidense que ha estado luchando contra la industria de las armas en los tribunales durante 25 años, en entrevista a 60 Minutos.
México, dice el reportaje, pidió a Lowy que ayudara a diseñar su estrategia para cortar el flujo de armas.
El programa recordó cuando, en entrevista, el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador les comentó sobre las demandas civiles que su gobierno estaba llevando adelante en los tribunales de Nueva York, solicitando 10 mil millones de dólares por los daños que las armas estadunidenses han causado en México.
La primera demanda, interpuesta en 2021, incluía al fabricante de armas estadounidense Smith & Wesson y a uno de sus mayoristas. La segunda fue presentada un año después contra cinco tiendas de armas estadunidenses por lo que México denuncia como “prácticas comerciales imprudentes e ilegales que abastecen a criminales peligrosos”.
“60 Minutos” presenta también el testimonio de Tim Sloan, un exfuncionario de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quien asegura que las armas favoritas de los cárteles son las de guerra: “Cuanto más caras, más potentes, más sexys creen que son; es un trofeo”, afirma.
Parte de su labor era rastrear las armas recuperadas en las escenas del crimen en México, las cuales provenían de Estados Unidos.
De acuerdo con Sloan, la mayoría de las armas que la ATF rastreó en México fueron vendidas directamente a traficantes o a los llamados “compradores testaferros”, es decir personas que compran armas de fuego en nombre de otra persona. En este caso, estadounidenses que compran armas que, en última instancia, terminan en manos del cártel.
¿Qué son los testaferros?
“Son compradores testaferros. Ofrecen a una chica de 23 años en Arizona 4 mil, 5 mil dólares sólo para que vaya a una tienda y compre un arma. Ella va a hacer eso. Mucha gente va a hacer eso, especialmente si tienen problemas de adicción, pero no antecedentes penales”.
—¿Pueden enviar a un joven de 24 años a comprar una AK47? —le pregunta la periodista Sharyn Alfonsi.
—Oh, tantos como quieran. Quinientos, quinientos… pueden comprar tantos como quieran, siempre y cuando no estén prohibidos —responde Sloan.
–¿Y cómo los introducen en México?
—Bueno, esa es la parte fácil. Simplemente cruzan la frontera en coche.
Para 60 Minutos, la “frontera porosa” funciona en ambos sentidos y menciona que durante siete años, la ATF rastreó 50 mil armas estadounidenses recuperadas en México hasta llegar a comerciantes de armas en todo Estados Unidos.
Sin embargo, la demanda de México nombra solo a cinco comerciantes de un estado, Arizona.
El reportaje incluye declaraciones de Alejandro Celorio, abogado que encabezó las demandas en nombre del gobierno mexicano.
“Creemos que son responsables de facilitar activamente el tráfico de armas de fuego que fortalecen a los cárteles, la crisis del fentanilo. Un cártel sin armas de fuego es… es solo una pandilla.
