9 DE MAYO 2025- Un juez federal emitió una suspensión de obra en Bacalar, luego de que un grupo de pobladores promoviera un juicio de amparo en contra de la construcción de una casa de descanso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El proyecto, ubicado a orillas de la laguna, ha generado preocupación por su posible impacto ambiental.
Durante la audiencia celebrada el 6 de mayo, el Juez Primero de Distrito de Chetumal otorgó una suspensión definitiva parcial. Es decir, se rechazaron algunas solicitudes del amparo, pero se concedieron otras, aunque los detalles de la decisión aún no han sido divulgados por los promoventes del recurso legal ni especificados completamente en los documentos oficiales.
Avanza proceso judicial mientras continúa la suspensión en Bacalar
La obra también se encuentra sujeta a una suspensión provisional, resultado de otro juicio de amparo promovido por asociaciones ambientalistas como Proyecto Justicia Común (Projuc) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS). Estos colectivos esperan que se determine si la suspensión será definitiva o si se levantará.
La audiencia para este segundo proceso está programada para este jueves, donde se tomará una decisión clave. Mientras tanto, la construcción permanece parcialmente detenida. Esta situación refleja la creciente presión ciudadana por proteger la laguna de Bacalar, uno de los ecosistemas más importantes del sur de Quintana Roo.
Sedena presenta medidas de mitigación para defender la obra
Como parte del proceso legal, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó varios documentos al juzgado. Entre ellos destaca un plan titulado «Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales», así como un informe gráfico de su aplicación. Estas acciones buscan mostrar que se están tomando pasos para evitar daños al medio ambiente.
Además, la Sedena presentó un acuerdo administrativo en el que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat exenta al proyecto de entregar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Este punto ha sido duramente criticado por los ambientalistas, quienes exigen mayor transparencia y cumplimiento de la legislación ambiental.
Profepa aporta datos al juzgado sobre la suspensión de obra en Bacalar
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también envió documentación al juzgado. Incluyó una copia del expediente administrativo del caso, que contiene detalles sobre inspecciones y evaluaciones previas. Esta información será clave para que el juez determine si se mantiene o se revoca la suspensión de obra en Bacalar.
Este proceso ha atraído la atención pública y ha reabierto el debate sobre cómo deben manejarse los proyectos militares en zonas naturales protegidas o cercanas a ecosistemas frágiles. Activistas locales insisten en que cualquier construcción en la laguna debe pasar por estudios rigurosos y participación ciudadana.
Crece oposición ciudadana ante la posible afectación a la laguna
El caso ha generado una fuerte respuesta por parte de la sociedad civil de Bacalar. Los pobladores y organizaciones acusan que la construcción podría alterar el equilibrio ecológico de la laguna, afectando su biodiversidad y la economía local basada en el turismo. Con la actual suspensión en Bacalar, esperan ganar tiempo para exigir estudios formales.
Para muchos habitantes, la preocupación no solo es ambiental, sino también legal. Cuestionan el uso de excepciones administrativas para evitar estudios de impacto, y temen que se abra un precedente que facilite futuras obras sin control. La lucha por preservar la laguna ha unido a vecinos, activistas y expertos ambientales en una sola causa.
La decisión final aún está en manos del Poder Judicial
Por ahora, la suspensión de obra en Bacalar sigue vigente parcialmente, y se espera una resolución final en las próximas semanas. El fallo del Juez Primero de Distrito será crucial para definir si el proyecto continúa bajo nuevas condiciones o si se detiene de forma definitiva.
Mientras tanto, tanto el gobierno como los ciudadanos esperan una resolución basada en criterios técnicos y jurídicos. Lo que está claro es que la protección del medio ambiente se ha vuelto una demanda prioritaria para los habitantes de Bacalar, quienes buscan garantizar el futuro sostenible de su comunidad y su laguna.
Es genial ver que se están tomando medidas para mejorar la situación, pero a veces siento que las soluciones llegan muy tarde. La gente necesita respuestas rápidas, no solo promesas. Ojalá se actúe con más rapidez en el futuro.