Un tribunal federal en México dictó una resolución histórica que puede reactivar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, al ordenar que el Ejército Mexicano entregue cientos de páginas de documentos de inteligencia que hasta ahora no habían sido proporcionados a las autoridades ni a las familias de las víctimas.
La sentencia, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, rechaza la versión previa de las fuerzas armadas de que la información faltante “no existía” y obliga ahora a entregar al menos 853 folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) durante el año en que ocurrieron los hechos en el estado de Guerrero.
Los documentos en cuestión, que provienen del CFRI con sede en Iguala, contienen reportes de inteligencia militar de 2014 que —según familiares, organizaciones de derechos humanos y colectivos civiles— podrían contener claves para esclarecer lo que realmente pasó la noche en que los estudiantes desaparecieron y mejorar las líneas de investigación abiertas desde hace más de una década.
La orden judicial subraya que la información no debe considerarse “clasificada” ni estar fuera del alcance público, debido al “interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad sobre lo ocurrido”. Esto rompe con años de resistencia institucional a la entrega de material que grupos de derechos humanos han exigido en múltiples procesos legales.
La decisión se da en un momento en el que el caso de Ayotzinapa sigue siendo uno de los más sensibles y emblemáticos en materia de derechos humanos en México, marcado por múltiples irregularidades, versiones contradictorias, académicos que señalan colusión entre autoridades y crimen organizado, y familias que han exigido justicia y verdad desde hace más de 11 años sin que hasta ahora se haya resuelto plenamente el paradero de la mayoría de los estudiantes.
