16 DE FEBRERO DEL 2026 – LOCAL. La Fiscalía General del Estado, en un trabajo conjunto con la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, realizó dos cateos en el municipio de Benito Juárez. Durante estas acciones, las autoridades lograron poner a salvo a cinco menores de edad que eran víctimas de abuso en el trabajo infantil dentro de colonias irregulares. Este esfuerzo coordinado permitió intervenir en dos negocios locales donde los jóvenes eran obligados a realizar tareas pesadas bajo condiciones inhumanas y sin las protecciones básicas que marca la ley.
El primer operativo tuvo lugar en un negocio de compra y venta de chatarra ubicado en la colonia Tres Reyes, donde se localizaron a tres jovencitos, dos mexicanos y uno hondureño. Los agentes confirmaron que este caso de aprovechamiento laboral de menores incluía jornadas de más de 10 horas diarias sin derecho a un solo día de descanso a la semana. Los adolescentes presentaban diversas cicatrices en sus cuerpos, resultado de manipular metales pesados sin el equipo de seguridad necesario para estas labores tan peligrosas.
Condiciones de maltrato y resguardo de las víctimas
Tras concluir las revisiones en la chatarrería, las fuerzas de seguridad se dirigieron a una tortillería situada en la misma zona de la ciudad para ejecutar una segunda orden judicial. En dicho establecimiento encontraron a una joven y un varón que sufrían de explotación de jóvenes trabajadores, recibiendo un sueldo de apenas mil pesos semanales por horarios excesivos. Además del cansancio físico, se informó que los menores eran obligados por sus empleadores a participar en la venta de sustancias ilícitas dentro del mismo local comercial.
Al finalizar las diligencias, los cinco adolescentes fueron trasladados de inmediato para quedar bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Esta medida busca garantizar que los menores reciban atención psicológica y médica tras haber vivido situaciones de servidumbre laboral de adolescentes que ponían en riesgo su integridad física y mental. Las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en ambos negocios, los cuales permanecerán cerrados y bajo custodia mientras continúan las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía.
Avances en la investigación y proceso legal
Los objetos y documentos encontrados durante los cateos fueron recolectados como evidencia y entregados al Ministerio Público para fortalecer las carpetas de investigación. El objetivo principal es identificar y detener a los dueños de estos negocios que permitieron este escenario de sometimiento laboral infantil en la zona. La Fiscalía reiteró que no habrá tolerancia para quienes utilicen a personas menores de edad para actividades económicas abusivas o para involucrarlos en delitos relacionados con el narcomenudeo.
Este golpe a la trata de personas en su modalidad de trabajo forzado es parte de una estrategia estatal para limpiar las colonias irregulares de actividades ilegales. Al identificar este tipo de utilización laboral de menores, las instituciones buscan enviar un mensaje preventivo a otros comerciantes de la región. El proceso legal seguirá su curso para determinar la responsabilidad penal de los administradores de la chatarrería y la tortillería, quienes enfrentarán cargos graves por violar los derechos humanos de los jóvenes rescatados.
El Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, los jóvenes rescatados tienen derecho a una «restitución integral». Esto significa que el Estado no solo debe cuidarlos temporalmente, sino asegurar que regresen a la escuela y reciban apoyo económico directo si sus familias están en situación de vulnerabilidad extrema. Además, en el caso del adolescente hondureño, interviene el Instituto Nacional de Migración (INM) para garantizar que su estatus migratorio no sea un impedimento para recibir justicia y protección frente a sus explotadores.
