La ONU acaba de dictar una resolución que inicia el proceso para redactar una convención de los derechos de las personas mayores, que obligará a cambiar las leyes a los estados que la ratifiquen para garantizar esos derechos y combatir el edadismo y otras discriminaciones.
Las entidades sociales de apoyo a las personas mayores consideran “histórica” la decisión de Naciones Unidas de avanzar hacia un tratado internacional que ayudará a enfrentar legalmente las discriminaciones por razón de edad, asegurando su acceso a la justicia y a la reparación.
Para la experta en envejecimiento Vânia de la Fuente-Núñez, la convención permitirá asegurar que todos los derechos “no tengan caducidad, es decir, que se sigan manteniendo y protegiendo en la vejez”.
“Por ejemplo, el derecho a la salud, sabemos que hay un acceso limitado a servicios médicos, medicamentos o tratamientos como se vio durante el COVID; el derecho a una vida libre de cualquier forma de violencia, el derecho a entornos accesibles, al trabajo, a la cultura o a la vivienda, que a veces no se quiere alquilar a una persona mayor”, explica a EFE.
La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra establece la creación de un grupo de trabajo que fije su primera reunión antes de que acabe el año para abordar la redacción de la convención, un objetivo largamente perseguido, que se ha debatido en el seno de Naciones Unidas durante dos décadas.
La Mesa Estatal a favor de las personas mayores -integrada por entidades como Cruz Roja, HelpAge, Ceoma, Mayores UDP, Plataforma del Tercer Sector entre otras- valora este “hito” que culmina muchos años de defensa y campaña de las organizaciones y la sociedad civil.
Recuerdan que la convención no solo tendrá un impacto positivo en la vida de las personas mayores, “sino que beneficiará a toda la sociedad a medida que envejecemos”.
Vacíos legales en la protección de los mayores
Para la experta, la convención puede servir para fortalecer la rendición de cuentas de los estados ante organismos internacionales, establecer estándares claros y universales sobre cómo se puede proteger los derechos y dar herramientas a la sociedad civil para que exijan el cumplimiento de los derechos.
“Genera realmente un cambio muy importante este tipo de convenciones porque dan un marco jurídico de protección de derechos a un grupo específico, en este caso sería personas mayores, haciendo que los países que la ratifiquen tengan que cumplirla y revisar o cambiar sus leyes y sus políticas”, argumenta.
Para De la Fuente-Núñez, la convención es muy oportuna ante los “grandísimos vacíos legales” respecto a los derechos de los mayores, que actualmente les deja en desventaja en las normativas internacionales.
Reforzaría también la protección en relación con la violencia física, psicológica, económica o el abandono que sufren muchos mayores, incluso por parte de familiares, añade.
“Dará mayor atención al derecho a la participación social y la política porque seguimos viviendo en sociedades donde se excluye a personas mayores de procesos de toma de decisiones”.
Para Amnistía Internacional, la decisión de la ONU de redactar una convención es “un gran paso adelante” porque los tratados internacionales de derechos humanos existentes no prohíben explícitamente la discriminación por razón de edad, ni destacan específicamente las obligaciones de los Estados hacia las personas mayores.
Con información de EFE
