Una investigación reciente de la ONG Prisoners Defenders revela que unas 60,000 personas recluidas en Cuba —incluyendo presos políticos— estarían siendo sometidas a trabajos forzados en condiciones que rozan la esclavitud. El informe se basa en documentos oficiales cubanos, testimonios de internos y ex internos, y verificación externa por parte del Institute for Crime and Justice Policy Research de la Universidad Birkbeck de Londres.
Las prácticas denunciadas se desarrollan en alrededor de 242 centros penitenciarios, que incluyen prisiones tradicionales, campamentos al aire libre y granjas. Los presos realizan tareas agrícolas, industriales, de construcción, recogida de basura, limpieza de calles, hospitales o centros policiales. Los testimonios indican jornadas extenuantes bajo vigilancia, pocas condiciones de seguridad, y alimentación e higiene insuficientes.
Uno de los productos más destacados generados por este sistema es el carbón vegetal hecho a partir de madera de marabú, que en 2023 fue el sexto producto agrícola más exportado por Cuba, bajo la etiqueta de carbón vegetal producido parcialmente por trabajo forzado interno. También se producen puros cubanos, en fábricas dentro de cárceles, con presos que trabajan bajo supervisión civil, muchas horas al día, con pagos mínimos.
Según los testimonios recogidos, los internos trabajan sin protección adecuada, expuestos a condiciones extremas de calor, sin descanso suficiente, con herramientas deficientes, lo que ha provocado numerosos problemas de salud. Algunos relatan que quien se niega sufre represalias, aislamiento y violencia. Las cadenas de suministro y exportación de estos productos tienen destinos en Europa, incluyendo países como España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía.
El informe alerta también sobre la falta de transparencia de esas cadenas comerciales: a menudo los productos pasan por intermediarios y socios locales, lo que dificulta verificar su origen. Prisoners Defenders insta a la comunidad internacional a imponer sanciones o regulaciones para prohibir o vetar productos que provengan del trabajo forzoso, algo ya contemplado en leyes de la UE contra productos de trabajo forzoso.
El asunto no solo afecta los derechos humanos de los reclusos, sino plantea interrogantes éticos y legales sobre responsabilidad internacional y comercio global. Para organizaciones defensoras de derechos humanos, este informe debe servir como llamado urgente de atención. Si no se actúa, advierten, se prolonga una práctica que invisibiliza el sufrimiento de miles y permite beneficios económicos a costa de personas en condiciones inaceptables.
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