7 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. Once años de incertidumbre y dolor llegaron a un final agridulce para la familia de Magdalena Pérez López. La madre de tres hijos salió de su casa en Zapopan en septiembre de 2014 y no se supo más de ella. La espera se extendió hasta octubre pasado, cuando sus familiares recibieron una llamada que confirmaba el peor de sus temores: el cuerpo de la mujer desaparecida había estado bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) desde diciembre de ese mismo año.
El cadáver de Magdalena Pérez fue hallado calcinado en Tlajomulco. A pesar de que su cuerpo ingresó a las instalaciones forenses solo tres meses después de su desaparición, y de que su madre, María de la Luz López, entregó muestras de ADN y visitaba el IJCF una o dos veces al mes buscando novedades, la identidad de Magdalena permaneció un misterio oficial por más de una década. Esta demora es calificada como «indignante, inhumano y preocupante» por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Fallas en el Protocolo y la Lenta Identificación de la Desaparecida
La identificación positiva de Magdalena Pérez López se logró finalmente hasta el 24 de octubre anterior. El proceso requirió que, en febrero de 2025, uno de sus hijos acudiera al IJCF para proporcionar una nueva confronta genética, la cual se comparó con la base de datos de cuerpos que llevaban años en el descanso forense. El IJCF intentó justificar la tardanza, señalando que los restos de la persona desaparecida ingresaron en condiciones complejas de calcinamiento y esqueletización.
Además de las condiciones físicas del cuerpo, el organismo forense señaló fallas en los protocolos de la época. Explicaron que en 2014 no se contemplaba la toma de muestras de ADN a todos los cadáveres que ingresaban, salvo solicitud expresa del Ministerio Público, algo que, lamentablemente, no ocurrió en este caso. La inconsistencia en la base de datos también jugó en contra: el perfil genético de la madre fue compartido en la plataforma el 15 de octubre de 2021, pero el de la víctima se subió meses después, el 3 de febrero de 2022, un desfase que extendió la agonía de la familia.
Este trágico caso de la mujer desaparecida expone una de las problemáticas más graves en la crisis forense de México: la fragmentación de bases de datos y la falta de protocolos unificados y obligatorios para la toma de muestras genéticas. A pesar de los esfuerzos por crear un Banco Nacional de Datos Forenses, la realidad es que la descoordinación entre los servicios forenses estatales (como el IJCF) y las fiscalías, sumada a la falta de capacidad técnica y recursos, ha generado un rezago monumental en la identificación de decenas de miles de cuerpos. Se estima que en Jalisco, el estado con la mayor cifra de personas no localizadas en el país, miles de restos permanecen sin identificar, muchos de ellos almacenados en condiciones deficientes o en cámaras frigoríficas saturadas.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, reconoció que la identificación de Magdalena se dio gracias a los análisis continuos de perfiles genéticos de cadáveres con bastante tiempo en resguardo. El fiscal señaló que al realizar el «match», se logró reconocer a Magdalena Pérez. Sin embargo, para los colectivos, este caso es un ejemplo claro de negligencia institucional, pues la pronta toma de muestras genéticas a los familiares y el correcto cotejo con los cuerpos ingresados podría haber acortado la agonía de la familia en una década.
