CIUDAD DE MÉXICO.— Este miércoles, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó su informe en el que destaca que las autoridades mexicanas no están investigando adecuadamente el alto número de homicidios en el país, cometidos en su mayoría por grupos del crimen organizado.
HRW dio a conocer su informe: “Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios“.
En el documento de 187 páginas, se examina las razones de los pobres resultados del sistema de justicia penal de México en las investigaciones de homicidios e identifica formas de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.
Nuevo informe: Menos del 20% de los homicidios en México, muchos cometidos por el crimen organizado, son investigados.
México necesita urgentemente instituciones de justicia penal profesionales y efectivas.https://t.co/TApVHWC1KN
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) February 19, 2025
“Militarizar la seguridad pública, socavar las garantías de debido proceso y politizar la justicia no ha logrado que los mexicanos estén más seguros ni ha mejorado los pésimos resultados del sistema de justicia penal”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de insistir con estas políticas fallidas, la presidenta Claudia Sheinbaum debería abordar el problema central del sistema de justicia penal de México: las prácticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscalías”.
Tasas de homicidios extremadamente altas
Según el informe, México ha registrado tasas de homicidios extremadamente altas durante casi dos décadas. En 2023, la tasa de homicidios de México, de casi 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, fue una de las más altas del mundo. Fiscales y analistas independientes estiman que la mayoría de los homicidios son el resultado de conflictos entre y dentro de los grupos del crimen organizado que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.
Human Rights Watch concluyó que la mayoría de las investigaciones por homicidio doloso abiertas por las fiscalías estatales en México nunca avanzan más allá de las etapas iniciales de la investigación y a menudo se cierran o se archivan sin ejercer ninguna acción penal. Entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo identificaron formalmente a un sospechoso e iniciaron un proceso penal en unos 51,000 casos, es decir el 17 %.
El reporte señala que el país tiene una tasa de 28 asesinatos por cada 100,000 habitantes, casi el doble que la media de América (15), y por encima de Colombia (25.7) y Brasil (21.3).
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo el 1 octubre de 2024, heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia, en gran parte impulsada por conflictos entre y dentro de poderosos grupos criminales que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos y por los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad, que cuentan con una impunidad casi total, señala el informe.
Agrega que, desde 2007, más de 94,000 personas han sido reportadas como desaparecidas y no han sido encontradas, ni vivas ni muertas.
“Para mejorar el rendimiento del sistema de justicia, las autoridades mexicanas deberían proteger a los jueces ante la influencia política, y no politizar aún más el sistema de justicia”, dijo Goebertus.
Recomendaciones
También propone una serie de recomendaciones:
“Las autoridades mexicanas deberían adoptar medidas urgentes para garantizar que las fiscalías lleven a cabo investigaciones de homicidios exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos. Las fiscalías deberían elaborar planes estratégicos de persecución penal, para que los fiscales puedan priorizar mejor los casos, centrándose en esfuerzos por desmantelar a los grupos criminales responsables de los homicidios. También deberían garantizar que existan normas claras y objetivas para la contratación, ascenso y destitución del personal en los servicios profesionales de carrera”.
“Las autoridades estatales y federales deberían garantizar que las comisiones de víctimas cuenten con el personal y los recursos necesarios para representar eficazmente a las familias de las víctimas. Deberían crear urgentemente mecanismos de protección eficaces para las víctimas y los testigos. También deberían adoptar medidas para mejorar la supervisión de las fiscalías mediante la creación de mecanismos de control externo que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil revisar las denuncias de irregularidades y recomendar cambios”.
Al mismo tiempo, propone que “Estados Unidos debería dar prioridad a los programas de cooperación internacional destinados a apoyar la profesionalización de las agencias de seguridad y justicia en México”. “Estados Unidos también debería realizar esfuerzos urgentes, en cooperación con el gobierno mexicano, para detener el flujo ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México”, concluye el informe.
Es preocupante que, a pesar de la gravedad de la situación, las autoridades no estén tomando en serio la investigación de tantos homicidios. Si no se actúa, la impunidad seguirá creciendo y eso solo empeora las cosas. Es hora de que se hagan cambios reales y se escuche a la gente.
Es increíble que, a pesar de la cantidad de homicidios que ocurren, las autoridades sigan sin hacer lo suficiente para investigar y dar con los responsables. Es como si el problema no les importara realmente. La gente merece justicia y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto sigue pasando.
Es preocupante que, a estas alturas, sigamos viendo informes que señalan la falta de acción de las autoridades ante la violencia y los homicidios en México. Es como si las mismas historias se repitieran una y otra vez, y la sensación de impunidad sigue creciendo. Necesitamos que se tomen medidas reales y efectivas, no solo palabras. La gente merece sentirse segura y que se haga justicia.