Recientemente, el Congreso del estado de Quintana Roo aprobó una reforma al artículo 186 del código penal, incrementando las penas para aquellos conductores que, bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, generen accidentes vehiculares propuesta por el Diputado del partido Verde Ecologista de México, Guillermo Andrés Brahms. Medida que Si bien busca concientizar a los conductores y garantizar la seguridad de los peatones, es importante reflexionar sobre su posible carácter discriminatorio, considerando las limitaciones del transporte público en la región y las dificultades para encontrar alternativas asequibles y seguras para regresar a casa después de consumir alcohol en bares y restaurantes.
Quisa te interese: Suben las penas por provocar accidentes bajo los influjos del alcohol en Quintana Roo
Leyes populistas de relumbrón
El cambio en la ley, que establece penas de dos a cuatro años de prisión, apunta a reducir el número de víctimas en accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias. La intención detrás de esta medida es loable, ya que busca crear conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos de estas sustancias y prevenir la pérdida de vidas humanas en las calles de Quintana Roo.
Sin embargo, es necesario considerar el contexto en el que se implementa esta reforma. Quintana Roo no cuenta con un sistema de transporte público eficiente y digno que brinde a los ciudadanos una opción confiable para moverse de manera segura y a un costo justo. Esto implica que muchas personas dependan de sus vehículos privados para desplazarse, incluso después de haber consumido alcohol en establecimientos de entretenimiento.
La realidad es que, en ausencia de una alternativa de transporte público confiable, asequible y seguro, algunas personas se ven obligadas a utilizar sus vehículos para regresar a casa después de haber bebido. Esto no justifica de ninguna manera la conducción bajo los efectos del alcohol, pero debemos reconocer que esta medida penaliza desproporcionadamente a aquellos que tienen menos recursos y no pueden permitirse otras opciones de transporte.
Es importante destacar que las cifras de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias en Quintana Roo son alarmantes. Sin embargo, centrarse únicamente en sancionar a los conductores sin abordar el problema subyacente de la falta de un transporte público adecuado puede resultar en una política injusta y discriminatoria para aquellos que se ven limitados por estas circunstancias.
Que se haga la voluntad de dios en los bueyes de mi compadre
Si bien el objetivo de la reforma al código penal en Quintana Roo es noble y busca prevenir accidentes y salvar vidas, es necesario analizar el contexto en el que se implementa esta medida. Penalizar a aquellos conductores que manejen bajo los efectos del alcohol sin ofrecer alternativas de transporte público eficiente y asequible puede ser considerado discriminatorio, ya que afecta de manera desproporcionada a aquellos que no tienen acceso a otras opciones para regresar a casa después de consumir alcohol.
Sería bueno el poder ver a cualquiera de los diputados de la actual legislatura el trasladarse en transporte publico después de una comida o visita a un bar donde hubieran ingerido una o dos copas de alcohol y ver que tan bien se desenvuelven con el actual transporte público en el estado. Aunque estoy seguro de que a la voz de «Que se haga la voluntad de dios en los bueyes de mi compadre»… esto no lo veremos en mucho tiempo.
Es fundamental que las autoridades consideren implementar medidas complementarias, como mejorar el transporte público, establecer servicios de transporte nocturno seguro y accesible, y promover campañas de concientización sobre el consumo responsable de alcohol y la utilización de alternativas de transporte, antes de promulgar leyes visiblemente populistas solo para resaltar el que supuestamente se está haciendo algo en el congreso estatal. Solo abordando el problema desde diferentes ángulos será posible crear una solución integral que garantice la seguridad vial y sea equitativa para todos los ciudadanos de Quintana Roo.
