17 de Septiembre del 2025.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un estado de excepción en siete de las 24 provincias del país debido a las protestas que han surgido tras la eliminación del subsidio al diésel. La decisión fue tomada en respuesta a la «grave conmoción interna» generada por el descontento popular. Soldados han sido desplegados en las carreteras para patrullar y controlar a los manifestantes, marcando un endurecimiento en la postura del gobierno. La medida, que también limita la libertad de reunión, busca restablecer el orden y la seguridad en las zonas más afectadas.
La eliminación del subsidio al diésel y la reacción social
La causa de las protestas es la eliminación del subsidio al diésel, una medida que Noboa anunció el pasado viernes. Este cambio ha provocado un aumento significativo en el precio del combustible, que pasó de 1.80 a 2.80 dólares. Este incremento afecta directamente a sectores clave de la economía, como el transporte de mercancías y de pasajeros, así como a la agricultura y la industria. La población, ya golpeada por la situación económica, ha expresado su rechazo en las calles, argumentando que el fin del subsidio generará una espiral de precios que afectará a todos los productos de la canasta básica.
El decreto presidencial, que declara el estado de excepción en provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, es una señal clara de la determinación del gobierno de Noboa para implementar su política económica. A pesar del rechazo social, el presidente parece dispuesto a usar la fuerza para mantener el control. El gobierno argumenta que la eliminación del subsidio es una medida necesaria para sanear las finanzas públicas y reducir el gasto fiscal, pero la población lo ve como un golpe a su ya precaria economía.
Las provincias afectadas por el estado de excepción son centros neurálgicos de la actividad económica y política de Ecuador. Pichincha, donde se encuentra la capital, Quito, es un epicentro de las manifestaciones y la movilización social. La limitación del derecho a la libertad de reunión es una herramienta que el gobierno utiliza para disolver las concentraciones y evitar que las protestas escalen a un nivel incontrolable. Sin embargo, esta medida también ha sido criticada por grupos de derechos humanos, que la consideran una restricción desproporcionada a las libertades civiles en el contexto del subsidio al diésel.
El descontento social por la eliminación del subsidio se ha manifestado en forma de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes, que incluyen a transportistas, agricultores y organizaciones sociales, exigen la reversión de la medida, argumentando que no pueden soportar el aumento de los costos operativos. La situación de las protestas es volátil y la respuesta del gobierno, con el despliegue de militares, podría agravar aún más la tensión en un país que ya enfrenta una crisis de seguridad y económica.
La situación actual en Ecuador evoca a la «primavera árabe», un recordatorio de que los cambios en los precios de los combustibles son a menudo el detonante de grandes levantamientos sociales. El gobierno de Noboa se encuentra en una encrucijada: por un lado, tiene que aplicar reformas económicas que considera vitales para el país; por otro, debe lidiar con la respuesta de una población que no está dispuesta a asumir el costo de dichas reformas, especialmente en un contexto de vulnerabilidad económica. El subsidio al diésel es más que un tema económico; es un símbolo de las tensiones sociales y políticas que atraviesan a la nación.
