5 DE SEPTIEMBRE DEL2025- INTERNACIONAL. En medio de la noche, una niña migrante, menor de 12 años, fue despertada bruscamente en un refugio de Texas. Le ordenaron empacar sus pertenencias porque sería devuelta a Guatemala. Desorientada y asustada, la pequeña preguntó a su abogada, Gladys Hernández, por qué querían hacerle daño. «Mi mamá está muerta y mi papá me maltrataba», le confesó. Este desgarrador caso ha puesto en el ojo del huracán la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que intentó deportar a cientos de menores no acompañados bajo la premisa de «reunificación familiar», una decisión que los abogados y defensores de derechos humanos han calificado de «sin precedentes» y en la que el futuro de estos niños y adolescentes ahora está en manos de los tribunales.
La abogada del Programa de Defensores de la Infancia del Centro Young, Gladys Hernández, presenció la escena de pánico y confusión en el refugio de Texas. Cuenta que los niños lloraban y que la única preocupación de la niña a la que defendía era su peluche. Tras varias horas de incertidumbre, una orden judicial detuvo los vuelos. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump, a través de su asesor Stephen Miller, ha criticado la decisión de la jueza federal Sparkle L. Sooknanan, acusándola de «secuestrar» a los niños y de impedirles volver con sus familias en Guatemala. Esta dura retórica contrasta con las declaraciones de los abogados, quienes aseguran que muchos de estos menores temen regresar a sus países de origen debido a abusos y violencia.
La deportación de la niña y el debate legal
El intento de deportación de la niña y sus compañeros se llevó a cabo a pesar de las protecciones legales diseñadas para menores no acompañados. La demanda, presentada por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, argumenta que la medida del gobierno constituye una «clara violación» de la ley de Protección de las Víctimas de Tráfico de Personas de 2008 y del derecho constitucional al debido proceso. Abogados como Alexa Sendukas, del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston, afirman que cada caso es único y que muchos menores tienen familiares en EE.UU. y están en proceso de solicitar asilo. El gobierno de Guatemala, por su parte, respalda la iniciativa, aunque de forma contradictoria: el canciller afirma que su país está preparado para recibir a los menores, pero el plan de reunificación de los menores fue propuesto por ellos mismos.
Este intento de deportación de los menores ha revelado la desconexión entre la versión del gobierno de Trump y la realidad de los migrantes. Mientras funcionarios como Stephen Miller afirmaban que los padres de los niños están en Guatemala, los abogados de los menores, como Sendukas, han declarado que muchos temen regresar debido a abusos y otros peligros en su país de origen. El caso de la niña que no quería regresar a Guatemala debido al maltrato de su padre es un ejemplo claro. El intento del gobierno de acelerar las deportaciones sin respetar el debido proceso ha generado una batalla legal que determinará el destino de cientos de niños que huyeron de la violencia y la adversidad.
Los defensores de los derechos de los niños han señalado que el plan de deportación de los menores, al ser ejecutado de madrugada y sin previo aviso a sus abogados, ignoró por completo los procedimientos legales establecidos. La decisión de la jueza de detener temporalmente los vuelos fue una medida de emergencia que evitó que 76 niños, que ya estaban en los aviones, fueran enviados de vuelta a Guatemala. Mientras tanto, en la Ciudad de Guatemala, algunos familiares de los menores esperaban ansiosamente su regreso, solo para ver sus esperanzas frustradas por la resolución judicial. Otros casos, como el de un niño de 12 años con una enfermedad renal crónica que necesita diálisis para sobrevivir, demuestran la complejidad y la urgencia de estas situaciones.
El futuro de cientos de niños guatemaltecos sigue en el limbo. El caso de la niña que huyó del maltrato familiar y que ahora se enfrenta a una posible deportación, pone de relieve la vulnerabilidad de los menores migrantes. Los abogados continúan luchando en los tribunales para garantizar que se respete el debido proceso y que cada niño tenga la oportunidad de que su caso sea escuchado. La batalla legal entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y el gobierno de Trump, que defiende su política de «tolerancia cero» ante la migración irregular, definirá el destino de estos niños y sentará un precedente para futuras políticas migratorias.
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