Por Daniel Zovatto
Nicaragua se ha transformado en una dictadura conyugal y familiar, al estilo de Corea del Norte. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado el control absoluto sobre todos los poderes del Estado, desmantelando el Estado de derecho y violando sistemáticamente los derechos humanos con total impunidad.
El país se ha convertido en un Estado policial, arbitrario y profundamente corrupto. Las elecciones son una farsa destinada a perpetuar indefinidamente al régimen en el poder. Se ha clausurado toda posibilidad de disidencia: se cierran medios de comunicación independientes, se restringe al extremo el espacio de la sociedad civil y de las universidades, y se persigue con saña a la Iglesia católica.
A esto se suma una práctica inédita en la región: la expulsión y desnacionalización de ciudadanos nicaragüenses. Como consecuencia de esta represión generalizada, más de 800 mil personas han optado por migrar en busca de libertad y oportunidades.
Paradójicamente, el régimen es el gran beneficiario de esta situación. Con la oposición silenciada y una ciudadanía controlada por el aparato represivo, Nicaragua goza de impunidad regional e internacional. Mientras tanto, las remesas enviadas por quienes huyeron se han convertido en el principal motor económico del país, pasando de mil millones de dólares en 2018 a 5 mil 200 millones en 2024. Una dictadura asesina y corrupta que se beneficia de expulsar a sus nacionales para obtener jugosas remesas que mantienen a flote a su economía.
Esta es la dictadura que le ha dado asilo político al expresidente Ricardo Martinelli, quien de momento sigue en Panamá con un salvoconducto del MRE panameño que ha sido extendido en su vigencia por otras 72 horas.
