La junta militar de Myanmar busca cambiar su imagen de cara a las elecciones que se celebrarán entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en medio de acusaciones de crímenes de guerra y violaciones sistemáticas de derechos humanos. A pesar de la rescisión del estado de emergencia y la formación de una administración provisional, los analistas aseguran que estos movimientos son cosméticos y buscan proyectar una apariencia de democracia mientras el poder real permanece en manos de los militares.
Según el Mecanismo Independiente de Investigación de la ONU, la violencia en el país ha ido en aumento. Se han documentado torturas sistemáticas, ejecuciones sumarias, detención y abuso de niños, así como ataques aéreos contra escuelas, viviendas y hospitales. Las fuerzas armadas, lideradas por el general Min Aung Hlaing, niegan estas acusaciones y aseguran estar combatiendo “terroristas”, mientras que la comunidad internacional sigue denunciando estos crímenes.
Violencia y tortura sistemática
Desde el golpe militar de 2021, Myanmar ha sido escenario de una guerra civil devastadora. Las fuerzas militares han incendiado aldeas, masacrado civiles y forzado a jóvenes a unirse al Ejército. La ONU ha reunido pruebas de tortura sistemática en centros de detención, incluyendo violaciones y abusos a menores de apenas dos años. La impunidad de los responsables y la negativa de la junta a rendir cuentas agravan la crisis humanitaria en todo el país.
El general Min Aung Hlaing y sus oficiales intentan justificar sus acciones alegando fraude electoral en las elecciones de 2020, pero estas acusaciones nunca fueron comprobadas. Mientras tanto, la economía está en ruinas y las fuerzas militares han perdido territorio frente a la resistencia local, lo que refuerza la percepción de que la llamada “elección democrática” es una herramienta de legitimación política más que un proceso genuino.
Elecciones bajo control militar
La junta asegura que busca construir un sistema democrático, pero la mayoría de los legisladores prodemocracia se encuentran encarcelados o exiliados. Expertos internacionales señalan que la votación no será libre ni justa, ya que la legislación prohíbe partidos de oposición, controla los medios y organiza un censo poco confiable. La participación de ciudadanos en zonas de conflicto es insegura, y algunos territorios bajo control de grupos armados étnicos no permitirán la celebración de elecciones, lo que refuerza la percepción de fraude.
El proceso electoral también coincide con leyes represivas que penalizan la crítica al régimen y amplían la vigilancia digital, restringiendo la libertad de expresión y el acceso a información independiente. Esto genera un ambiente de miedo que impide a la población ejercer su derecho al voto de manera segura y libre.
Myanmar ha sido gobernado por regímenes militares desde 1962, con breves periodos de reformas limitadas que nunca eliminaron el control de los militares sobre la política. La junta busca ahora proyectar legitimidad internacional mientras consolida su poder, apoyada por aliados estratégicos como China y Rusia, y mediante contratos de lobby en Estados Unidos. Sin embargo, analistas advierten que este “rebranding” no cambia la realidad en el terreno: los sistemas de educación, salud y economía siguen colapsados, y millones de personas viven desplazadas o bajo amenaza constante.
La comunidad internacional enfrenta un dilema: cómo interactuar con un régimen que busca normalizar su imagen mientras mantiene prácticas represivas. Expertos destacan que reconocer o validar estas elecciones podría reforzar el poder de la junta y socavar los esfuerzos por una solución pacífica y democrática en el país.
El riesgo es que, pese a la apariencia de cambio, la población de Myanmar siga enfrentando violencia y represión sistemática. La planificación de elecciones en medio de conflictos activos y la imposición de la ley marcial en más de 60 municipios generan temor de que los próximos comicios no solo sean fraudulentos, sino que aumenten la crisis humanitaria. La resistencia local y los grupos armados étnicos ya han declarado que no permitirán votaciones en sus territorios, desafiando la narrativa oficial del régimen militar.
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