La CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) impuso multas millonarias a tres importantes instituciones financieras en México: Intercam, CIBanco y Vector. En total, se aplicaron 53 sanciones que en conjunto suman más de 185 millones de pesos, por presuntas irregularidades relacionadas principalmente con la prevención de lavado de dinero (PLD), aunque algunas están vinculadas a incumplimientos con la Ley de Fondos de Inversión.
Intercam es la institución más afectada con 26 penalizaciones, de las cuales 16 fueron dirigidas a su operación bancaria y 10 a su casa de bolsa. Todas están ligadas a temas de PLD, sumando una sanción total de 92 millones 148 mil pesos. En el caso de CIBanco, recibió 21 multas, de las cuales 16 fueron por operaciones financieras sospechosas, con un total acumulado de 67 millones de pesos aproximadamente.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue sancionada con seis multas que ascienden a poco más de 26 millones de pesos, aunque en este caso no fueron por temas de lavado de dinero, sino por incumplimientos en normativas de inversión. Todas las instituciones tienen el derecho de impugnar las sanciones, por lo que aún no se considera que las multas estén firmes o liquidadas.
Estas sanciones llegan justo después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, acusara a estos tres intermediarios de presuntamente facilitar lavado de dinero a grupos criminales por un monto de al menos 46 millones de dólares. Aunque el gobierno mexicano declaró que no recibió pruebas claras de dichas acusaciones, la CNBV actuó administrativamente apenas un día después del anuncio estadounidense.
Lo que este caso revela es una creciente presión internacional sobre la supervisión financiera en México, particularmente cuando se trata de detectar y frenar operaciones ilícitas vinculadas al crimen organizado. Las instituciones financieras no solo enfrentan sanciones económicas, sino también un severo daño reputacional, lo cual puede poner en riesgo su operación futura y la confianza de los inversionistas. Además, el hecho de que buena parte de las sanciones no hayan sido liquidadas indica que el caso podría escalar a litigios legales prolongados, que pondrán a prueba tanto la solidez del sistema regulador mexicano como la transparencia de los bancos involucrados.
