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Mujer extorsionaba a taquerías de Playa del Carmen; exigía «derecho de piso»

PMCC by PMCC
septiembre 17, 2025
in Benito Juárez, Destacado, Locales, Portada, Principal
Tiempo de lectura: 4 mins de lectura
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Playa del Carmen, 17 de septiembre de 2025. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha logrado la vinculación a proceso de una mujer identificada como Olga Lidia “N”, por su presunta participación en el delito de extorsión agravada. Tras una denuncia y una investigación detallada, las autoridades consiguieron que una jueza de Control dictara prisión preventiva como medida cautelar para la imputada. Este caso resalta el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra crímenes que afectan a la economía local y la seguridad de los ciudadanos.

Los hechos que llevaron a la detención de Olga Lidia “N” ocurrieron el 14 de marzo. Según el expediente de la Fiscalía, la mujer se acercó a una taquería en la colonia Del Bosque de Playa del Carmen. Allí, le entregó a un empleado del lugar una nota con un número de teléfono, exigiendo que el dueño del negocio se comunicara en un plazo de una hora. La amenaza era clara: de no hacerlo, un grupo de sicarios atentaría contra la vida de las personas presentes en el local.

Víctima de extorsión paga por «derecho de piso»

Atendiendo a la intimidación, la víctima realizó la llamada telefónica. Al otro lado de la línea, la persona que contestó exigió un pago mensual de 5 mil pesos por “derecho de piso”. La extorsión se prolongó durante varios meses, desde marzo hasta julio, periodo en el que la víctima se vio obligada a realizar los pagos exigidos para evitar mayores consecuencias. Fue entonces cuando decidió acudir a las autoridades para interponer la denuncia correspondiente, iniciando así la investigación de la Fiscalía.

Con base en la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra la imputada. La detención de Olga Lidia “N” se llevó a cabo cuando la mujer caminaba por una calle del fraccionamiento Misión Villamar 1. La rápida acción de las autoridades permitió que la presunta responsable fuera puesta a disposición de la jueza de Control para que rindiera su declaración.

Vinculación a proceso y prisión preventiva

Durante la audiencia, la jueza de Control analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía y escuchó los argumentos de las partes. Al final, se determinó que había suficientes elementos para vincular a Olga Lidia “N” a proceso por el delito de extorsión agravada. La decisión judicial no solo la sujeta a un juicio formal, sino que también establece la medida cautelar de prisión preventiva, lo que significa que la imputada permanecerá en la cárcel mientras se desarrolla la investigación y se determina su culpabilidad o inocencia.

Esta detención y vinculación a proceso representan un avance significativo en la lucha contra la extorsión en la región, un delito que ha afectado a numerosos comerciantes y empresarios. La FGE de Quintana Roo reitera su compromiso con la seguridad y el combate a la delincuencia, invitando a la ciudadanía a denunciar este tipo de crímenes para que los responsables sean llevados ante la justicia. La colaboración entre las autoridades y la población es clave para erradicar estas prácticas delictivas.

Un valor agregado a la nota: El impacto económico y social de la extorsión

La extorsión por «derecho de piso» no es solo un delito individual, sino que tiene un profundo impacto en la economía y el tejido social de una comunidad. Al obligar a los negocios a pagar una cuota, los extorsionadores actúan como un impuesto ilegal que reduce las ganancias de los empresarios y, en muchos casos, los obliga a cerrar sus puertas. Esto no solo genera desempleo, sino que también disuade a nuevos inversionistas de abrir negocios en la zona, frenando el desarrollo económico. Socialmente, la extorsión crea un clima de miedo e inseguridad, minando la confianza en las instituciones y la convivencia pacífica. La detención de personas como Olga Lidia “N” es un paso crucial para restaurar la tranquilidad, proteger a los pequeños y medianos comerciantes y enviar un mensaje contundente de que estos delitos no serán tolerados en el estado.

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