29 OCTUBRE 2025-INTERNACIONAL-Más de 460 personas murieron tras los ataques a una maternidad en la ciudad de El Fasher, en la región sudanesa de Darfur, una zona que ha permanecido sitiada durante más de un año y medio por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el trágico balance, que incluye a pacientes, acompañantes y personal médico, y denunció además el secuestro de trabajadores sanitarios en el Hospital Maternidad Saudí.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó los hechos y pidió el cese inmediato de los ataques contra hospitales y centros de salud, recordando que el Derecho Internacional Humanitario protege de manera explícita estas instalaciones y al personal que las opera. “Todos los ataques contra la atención sanitaria deben detenerse inmediata e incondicionalmente”, declaró Tedros, subrayando la gravedad de lo ocurrido y el riesgo constante al que se enfrenta el personal médico en zonas de conflicto.
Violencia en aumento y víctimas civiles
El conflicto en Sudán se ha intensificado desde abril de 2023, con una escalada de ataques dirigidos contra objetivos civiles. Según la OMS, se han registrado al menos 185 agresiones contra instalaciones médicas desde el inicio de la guerra, dejando más de 1.200 muertos, de los cuales 966 fallecieron solo en lo que va del año. Las cifras reflejan un deterioro constante de la seguridad y una emergencia sanitaria sin precedentes en la región de Darfur.
La ciudad de El Fasher, último bastión controlado por el Ejército regular en Darfur, ha sido escenario de combates particularmente violentos. Las RSF han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria, dificultando la llegada de medicamentos, alimentos y equipos médicos. Este cerco ha provocado un colapso casi total de los servicios hospitalarios, dejando a miles de familias sin atención básica.
A pesar de los llamados internacionales al alto el fuego, las hostilidades persisten y los esfuerzos diplomáticos no han logrado establecer corredores humanitarios seguros. Organismos internacionales, entre ellos la ONU, advierten que la situación podría escalar hacia una catástrofe aún mayor si no se restablece el acceso a los servicios esenciales.
La OMS ha insistido en que la destrucción de hospitales y el ataque deliberado contra civiles constituyen crímenes de guerra, y ha pedido a la comunidad internacional intervenir con urgencia. Sin embargo, la falta de consenso entre las potencias globales ha limitado las acciones concretas para detener la violencia. La ayuda humanitaria, aunque presente, no logra cubrir las crecientes necesidades de la población desplazada.
La comunidad internacional enfrenta el reto de reactivar los mecanismos de justicia y garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos. Las lecciones de crisis anteriores, como la de 2003, subrayan la importancia de una respuesta firme y coordinada para evitar que se repita una tragedia de semejante escala.
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