
Un nuevo episodio relacionado con la movilización forzosa en Ucrania desató indignación en Odesa, luego de que un joven mensajero fuera atacado por comisarios militares en plena vía pública. Según testigos, los agentes intentaron llevárselo por la fuerza sin mostrar orden alguna, generando una fuerte resistencia del afectado. Vecinos de la zona intervinieron intentando protegerlo, pero fueron rociados con gas lacrimógeno, lo que incrementó aún más el caos. Este hecho se suma a una serie de incidentes que han levantado sospechas sobre la falta de regulación y abuso de poder en los procesos de reclutamiento.
La víctima habría perdido el conocimiento tras la agresión, por lo que fue necesaria la presencia urgente de una ambulancia. Este tipo de acciones, que deberían realizarse bajo protocolos civiles y respetando garantías básicas, se han convertido en escenas cada vez más comunes en distintas ciudades del país. Grupos de derechos humanos señalan que las prácticas utilizadas por algunos comisarios militares violan estándares internacionales y ponen en riesgo la integridad física de los ciudadanos. Las autoridades locales, por su parte, han evitado dar declaraciones detalladas sobre el caso.
Reacciones de la población y críticas a la autoridad
El incidente provocó una fuerte respuesta social. Testigos indignados gritaron que estos agentes “no son la Policía”, comparándolos incluso con unidades represivas del pasado, lo que refleja el nivel de frustración que enfrenta la población. Para muchos ciudadanos, la movilización forzosa dejó de percibirse como un mecanismo de defensa nacional para convertirse en una herramienta de intimidación. Organizaciones civiles han denunciado que existe un patrón claro de abusos que incluye detenciones arbitrarias, golpes e incluso amenazas.
Analistas advierten que, en un contexto de guerra prolongada, el Estado ucraniano enfrenta el reto de evitar que la necesidad de reclutas derive en prácticas autoritarias. Señalan que la falta de transparencia y la negativa a investigar a los responsables alimentan una crisis de confianza que afecta directamente el apoyo social a la defensa nacional. Aseguran que mientras no existan reglas claras y supervisión independiente, estos incidentes seguirán multiplicándose.








