4 AGOSTO 2025-NACIONAL- Un violento motín en el penal de Tuxpan, Veracruz, dejó un saldo de ocho reclusos muertos y once más heridos, en lo que ya se considera uno de los episodios más sangrientos del sistema penitenciario estatal en los últimos años. La revuelta, que comenzó la tarde del sábado, se prolongó durante toda la noche y madrugada del domingo, cuando las fuerzas del orden recuperaron el control del Centro de Readaptación Social cerca de las 9 de la mañana.
Durante el enfrentamiento, los internos quemaron colchones, materiales de oficina y esparcieron columnas de humo que fueron visibles a kilómetros. Lo más grave, sin embargo, fueron las denuncias hechas por los propios presos, quienes grabaron videos desde el interior del penal donde acusan a la organización criminal Grupo Sombra de controlar el reclusorio, someter a otros internos y ordenar crímenes como el reciente asesinato de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista en Álamo.
El Grupo Sombra ha sido señalado en múltiples ocasiones por operar en la región norte de Veracruz, cobrando «derecho de piso» y perpetrando actos de extrema violencia. Durante el motín, circularon videos de supuestos miembros confesando sus crímenes y detallando cómo mantenían bajo amenaza a otros presos. Las autoridades estatales confirmaron la muerte de siete reclusos en un primer momento, cifra que subió a ocho tras el fallecimiento de uno de los heridos.
Un operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal permitió sofocar el incendio y asegurar el penal. Como medida adicional, tres internos identificados como cabecillas del motín fueron trasladados al penal de Pánuco. La situación trajo a la memoria el trágico episodio de La Toma en 2018, donde también se vivió un motín letal con saldo de siete muertos y más de veinte heridos.
Este motín evidencia el fallido control institucional sobre los penales, y la urgente necesidad de una reforma penitenciaria integral. Especialistas en derechos humanos han advertido que muchas cárceles mexicanas operan como centros de operación criminal, donde las autoridades toleran o incluso colaboran con grupos delictivos, agravando la inseguridad dentro y fuera de los muros.
