13 NOVIEMBRE 2025-NACIONAL-El caso de Badiraguato ha vuelto a encender el debate sobre la actuación del Ejército mexicano y el uso de la fuerza en operativos de seguridad. En mayo pasado, una familia fue atacada a plena luz del día por un convoy militar que disparó 119 veces contra su camioneta, dejando un saldo de dos niñas muertas, dos menores y dos adultos heridos. Según la versión oficial, se trató de una confusión, pero la investigación judicial avanza entre dudas y contradicciones que ponen en entredicho los protocolos castrenses y la respuesta institucional.
El incidente ocurrió en una carretera de la sierra sinaloense, donde elementos del 42º Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, abrieron fuego contra una camioneta particular. Las autoridades señalaron inicialmente que la familia había quedado atrapada en un enfrentamiento con grupos armados, pero los testimonios de los sobrevivientes contradicen esa versión. Los familiares aseguraron que no hubo agresión alguna previa al ataque, lo que sugiere un error operativo o un exceso de fuerza sin justificación.
Investigación y falta de transparencia
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, confirmó que la Fiscalía General de la República y la Justicia Militar abrieron carpetas de investigación. Hasta ahora, solo seis de los trece soldados implicados permanecen detenidos, mientras que los demás fueron liberados sin explicación clara. Uno de los elementos señalados nunca fue arrestado, y ni la Sedena ni la FGR han ofrecido respuestas sobre los avances de las indagatorias. Esta opacidad genera desconfianza entre las víctimas y la opinión pública, que exige una rendición de cuentas efectiva.
La tragedia de Badiraguato no es un hecho aislado. Casos similares se han registrado en otras regiones del país, como Tamaulipas y Chiapas, donde militares dispararon contra civiles desarmados bajo el argumento de una “confusión”. Estos hechos, aunque condenados por las autoridades, exhiben la falta de control sobre los operativos y la ausencia de mecanismos que garanticen justicia para las víctimas.
Un patrón que se repite
Durante el actual gobierno, se ha reiterado que el Ejército actúa con mayor responsabilidad y apego a los derechos humanos. Sin embargo, sucesos como este muestran que las promesas de cambio chocan con la realidad operativa en el terreno. El discurso oficial intenta distanciarse de los abusos ocurridos en administraciones anteriores, pero los errores de identificación, la falta de protocolos claros y la impunidad siguen presentes.
El despliegue militar, sin una estrategia de supervisión civil sólida, puede derivar en abusos sistemáticos. La dependencia del poder castrense para atender problemas de seguridad pública ha creado un escenario donde las fuerzas armadas operan con amplia discrecionalidad, lo que incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
