6 DE ENERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. Este lunes, una multitudinaria movilización de trabajadores llegó a la ciudad de La Paz tras tres días de caminata para protestar contra el gobierno de Rodrigo Paz. La principal exigencia de los sectores sociales es que se dé marcha atrás a la eliminación de las ayudas estatales para la gasolina y el diésel, una medida que estuvo vigente por dos décadas. Los manifestantes temen que el corte de subsidios a combustibles provoque un aumento descontrolado en los precios de todos los productos y servicios básicos, afectando gravemente el bolsillo de las familias bolivianas.
El gobierno tomó esta decisión en diciembre debido a que Bolivia compraba carburantes a precios internacionales para venderlos más baratos internamente, lo que agotó las reservas de dinero del país. Esta situación generó la crisis económica más fuerte en 40 años, obligando al Ejecutivo a terminar con el apoyo estatal a los carburantes de forma repentina. Como consecuencia directa, el costo de la gasolina y el diésel se duplicó, lo que ya se refleja en el encarecimiento de la canasta familiar y el transporte en todo el territorio nacional.
Tensión y enfrentamientos en la sede de gobierno
La entrada de los marchistas al centro de La Paz no fue pacífica, ya que se produjeron fuertes choques con la policía antimotines cerca de la plaza de armas. Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y evitar que llegaran al palacio de gobierno, lo que aumentó el malestar de los obreros y mineros presentes. Según informes policiales, el fin de las subvenciones a la energía ha caldeado los ánimos a tal punto que se detuvieron a 12 personas acusadas de manipular dinamita durante las protestas en las calles.
Mineros como William Calle, quien caminó 70 kilómetros bajo el sol y la lluvia del altiplano, aseguran que la situación es insoportable porque los salarios ya no alcanzan para comer. Los sectores sociales califican el decreto presidencial como una medida que genera hambre, y advierten que las movilizaciones no se detendrán. Para muchos sectores humildes, la suspensión de beneficios para el combustible representa un golpe directo a su supervivencia diaria, por lo que prometen radicalizar sus medidas de presión si no hay una respuesta favorable.
Diálogo estancado y amenaza de bloqueos
A pesar de que se intentó instalar una mesa de negociación entre el gobierno y los dirigentes sindicales, las conversaciones quedaron suspendidas por la falta de acuerdos. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, adelantó que es imposible anular el decreto porque el Estado ya no tiene fondos para mantenerlo. Esta postura oficial ha cerrado las puertas a una solución rápida, incrementando el conflicto por la retirada de subsidios a la gasolina, lo que deja al país en un escenario de gran incertidumbre política y social para los próximos días.
Ante la negativa del Ejecutivo, los líderes de la protesta anunciaron que a partir de este martes iniciarán bloqueos de caminos en rutas estratégicas de todo el país. Esta medida busca paralizar el transporte y presionar al presidente Rodrigo Paz para que escuche el clamor de los casi 10 mil manifestantes que llegaron a la capital. El país se prepara para una jornada difícil, donde la lucha por el ahorro en el gasto público de energía se enfrenta a la desesperación de un pueblo que ve cómo el costo de vida sube cada hora.
El impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria
