
6 DE ENERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El pasado lunes, la sede de las Naciones Unidas fue el escenario de una tensa reunión de emergencia donde México, Brasil y Colombia alzaron la voz contra la reciente agresión militar en Sudamérica. Durante la sesión, los representantes diplomáticos calificaron el ataque de EU a Venezuela como una violación directa a las normas internacionales que rigen la convivencia entre países. A pesar de los fuertes discursos, el Consejo de Seguridad no logró emitir ninguna resolución, dejando en evidencia la dificultad de la organización para frenar las acciones de las potencias más grandes del mundo.
Héctor Vasconcelos, embajador de México ante la ONU, fue muy claro al señalar que su gobierno rechaza cualquier uso de la fuerza que ignore la soberanía de las naciones. Según el diplomático, permitir que este ataque de EU a Venezuela pase sin consecuencias pone en un riesgo enorme la estabilidad política y económica de toda América Latina y el Caribe. El representante mexicano insistió en que el Consejo de Seguridad tiene la obligación legal de actuar de forma decidida para restablecer la paz y evitar que se repitan conductas irresponsables que dañen el orden mundial.
La parálisis del Consejo ante la fuerza militar
A pesar de que países como China, Rusia y Cuba se sumaron a la condena, la estructura actual de la ONU permitió que no se tomara ninguna medida concreta contra Washington. El poder de veto que tiene Estados Unidos asegura que ninguna sanción o condena formal pueda avanzar dentro del Consejo de Seguridad, lo que genera una sensación de impotencia internacional. Mientras los diplomáticos debatían, se confirmó que las acciones bélicas dejaron un saldo de decenas de víctimas, incluyendo a 32 ciudadanos cubanos que se encontraban en labores oficiales en territorio venezolano.
Por su parte, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, describió la fecha del 3 de enero de 2026 como un día de «profunda gravedad histórica» para el sistema global. Explicó que el ataque de EU a Venezuela no tiene justificación jurídica y exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Moncada aseguró que, a pesar de la agresión armada, las instituciones de su país siguen funcionando y el gobierno mantiene el control efectivo de su territorio, defendiendo su derecho a no ser juzgado por tribunales extranjeros.
Intereses energéticos y falta de acuerdos
El representante de Estados Unidos, Mike Waltz, defendió la postura de su país argumentando que no se trata de una guerra, sino de una «operación de aplicación de la ley». Sin embargo, dejó entrever que el fondo del asunto es el control de los recursos naturales, afirmando que las reservas de energía más grandes del mundo no pueden estar en manos de adversarios. Esta declaración confirma que el ataque de EU a Venezuela tiene un trasfondo estratégico ligado al petróleo, lo cual fue duramente criticado por los países que defienden la libre autodeterminación de los pueblos.
Finalmente, el Secretario General de la ONU, António Guterres, envió un informe expresando su «profunda preocupación» por el secuestro de Maduro y el peligroso precedente que se está sentando. Aunque la mayoría de los miembros de la ONU ven la situación como una violación a los principios básicos de la organización, la falta de una acción resolutiva muestra una fractura en el multilateralismo. Mientras naciones como Argentina respaldaron la intervención, el resto del mundo observa con temor cómo la diplomacia parece perder terreno frente al uso unilateral de la fuerza militar.
El impacto del Artículo 2 de la Carta de la ONU






