El gobierno mexicano ha puesto sobre la mesa un compromiso climático histórico: reducir en 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2035. Esta meta forma parte de la nueva actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), anunciada durante el segmento de alto nivel de la COP 30 en Belém, Brasil.
Una novedad importante es que esta versión de la NDC incorpora por primera vez el concepto de “pérdidas y daños” como un eje central. Según Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, no se trata solo de cifras, sino del sufrimiento humano: “no son cifras, son ausencias”, dijo, en referencia a las personas que pierden todo por fenómenos climáticos extremos.
El compromiso reflejado en la NDC es muy ambicioso: México ha planteado abatir sus emisiones netas entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente para 2035 si no depende de cooperación externa. Con apoyo internacional, la meta condicionada baja a entre 332 y 363 millones. Esto implica una disminución significativa con respecto a una “tendencia de emisiones” proyectada, no solo relativa, lo que refuerza la seriedad del objetivo.
En el discurso oficial, se habla de una transición justa, energética y social, alineada con el llamado “Plan México”. Según Bárcena, el plan incluye la descarbonización de la economía, la economía circular, la conservación de bosques y manglares, y más soluciones basadas en la naturaleza. Además, se anuncia una Política Nacional de Adaptación para convertir la vulnerabilidad climática en resiliencia estructural.
Sin embargo, el anuncio no está exento de desafíos: la meta anterior de reducción (35 %) aún no ha sido cumplida, lo que genera dudas sobre la capacidad de alcanzar este nuevo objetivo más ambicioso. Organismos como Greenpeace México han celebrado la inclusión de pérdidas y daños, y piden además mecanismos claros de financiamiento, cooperación tecnológica y corresponsabilidad real para hacer posible la transición.
Para lograr esta meta, México exige más que voluntarismo: la secretaria Bárcena insistió en la necesidad de financiamiento climático “real, accesible y predecible”, cooperación internacional y transferencia tecnológica para que las políticas no se queden en promesas. Según ella, solo así se podrá asegurar que la transición sea inclusiva y verdaderamente transformadora.
