CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— México rechazó 14 de las 318 recomendaciones en materia de derechos humanos que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo al país en el marco de la comparecencia por el Examen Periódico Universal (EPU) 2024, que evalúa temas de violencia de género, migración, desplazamiento y desaparición forzadas, entre otros rubros.
Aunque en la revisión el Estado mexicano reconoció que existen varios desafíos en materia de derechos humanos, reviró en las recomendaciones de 115 países hechas en temas de militarización, seguridad, justicia, migración y desplazamiento forzado interno.
Entre ellas destacan las que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos externos para la rendición de cuentas de agentes militares y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas del orden.
También las referentes a la eliminación de la figura de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes, así como la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad.
En respuesta, el estado mexicano afirmó que la Guardia Nacional (GN) se consolida con un mando civil. Además, rechazó que las Fuerzas Armadas cometan actos de vigilancia ilegal y violencia en contra de la sociedad civil, periodistas y activistas.
Por ello, el Colectivo Examen Periódico Universal México, conformado por más de 300 organizaciones no gubernamentales que presentaron sus análisis para calificar el sistema de gobierno en el país, llamaron a la próxima administración a considerar seriamente las recomendaciones.
Asimismo, a seguir dichas recomendaciones como compromisos internacionales en favor de los derechos humanos y a tomar en cuenta la participación de sectores vulnerables, la sociedad civil y colectivos de víctimas y sus familias.
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