
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó este miércoles que su gobierno mantiene una postura firme en contra de la pena de muerte en cualquier circunstancia. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la reciente decisión de la Fiscalía de Estados Unidos de no solicitar la pena capital contra tres de los narcotraficantes más notorios del país: Ismael «El Mayo» Zambada García, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, «El Viceroy». Estos individuos se encuentran bajo custodia estadounidense por cargos relacionados con el narcotráfico.
Sheinbaum subrayó que la postura de México respecto a la pena de muerte es clara y consistente: «Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Todos los tratados de extradición establecen que no puede haber pena de muerte; es parte de la política mexicana», afirmó. La presidenta explicó que, conforme a los tratados de extradición entre ambos países, México garantiza que sus ciudadanos no enfrentarán la pena capital si son entregados a Estados Unidos.
Además, Sheinbaum aclaró que el gobierno mexicano no participó en las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a estos capos del narcotráfico. «No tenemos información sobre algún tipo de acuerdo, y si lo hay, es una decisión del gobierno de Estados Unidos», añadió. La mandataria también destacó que cualquier acción relacionada con la extradición o deportación de individuos debe respetar la legislación nacional y estar orientada a beneficiar al pueblo mexicano.
En relación con la política interna, Sheinbaum fue consultada sobre supuestas gestiones por parte de la embajada de Estados Unidos para influir en asuntos políticos mexicanos, específicamente en relación con el respaldo al ultraderechista Eduardo Verástegui. La presidenta respondió que no tiene conocimiento de tales gestiones y destacó que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha sido respetuoso en sus interacciones. «No tenemos conocimiento de que se esté metiendo en asuntos políticos», afirmó, y agregó que en México «el pueblo manda» y que los cargos de elección popular dependen exclusivamente de la voluntad ciudadana.
La postura de Sheinbaum refleja el compromiso de México con la abolición de la pena de muerte, una política respaldada por tratados internacionales y reformas constitucionales que prohíben esta práctica en el país. Desde 2005, México ha ratificado instrumentos internacionales que refuerzan su compromiso con los derechos humanos y la prohibición de la pena capital.
Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión en las relaciones México-Estados Unidos, tras la captura de «El Mayo» Zambada en julio de 2025. La detención de Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo», desató un conflicto interno en el Cártel de Sinaloa y aumentó la violencia en Sinaloa. México ha exigido aclaraciones sobre lo ocurrido, apelando a la soberanía nacional y destacando la necesidad de una cooperación respetuosa entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.