Transparencia oficial en el caso Machado
Aclaraciones sobre presunto tránsito mexicano
La crisis por María Corina Machado tomó un giro inesperado cuando el gobierno mexicano se apresuró a aclarar que no tuvo ninguna participación en los movimientos de la dirigente venezolana. La Secretaría de Gobernación difundió una tarjeta informativa donde aseguró que no existe registro alguno de entrada o salida de Machado en territorio nacional, algo que buscaba frenar cualquier versión que insinuara lo contrario. Esta reacción llamó la atención por la rapidez con la que se emitió la postura.
El caso surgió luego de que se confirmara que Machado viajó a Oslo en un jet privado con matrícula mexicana, operado por una empresa mexicana y rastreado en una ruta internacional perfectamente regular. Todo dentro de los parámetros legales, sin escala en México y sin participación directa del país en ese desplazamiento. Aun así, el gobierno federal consideró necesario fijar posición pública sin perder un minuto.
Lo que destaca es la premura con la que México se deslindó del movimiento de la líder opositora venezolana. Más que aclarar un procedimiento migratorio inexistente, la respuesta revela la sensibilidad política que rodea cualquier señal de intervención en el conflicto venezolano. En este escenario, el gobierno de Sheinbaum busca blindarse de especulaciones y evitar que el país sea colocado como actor en un proceso que considera ajeno.
La situación de Machado se ha convertido en un tema de alto voltaje diplomático en América Latina. Por ello, el gobierno mexicano marcó distancia y dejó claro que no intervino, no facilitó su salida de Venezuela y no tuvo interacción migratoria con la opositora. El mensaje parece pensado más para prevenir interpretaciones que para aclarar un hecho puntual, pues el traslado del jet nunca implicó escala mexicana.
En este contexto, el deslinde también funciona como una señal internacional: México quiere mantener su postura de respeto absoluto a la soberanía venezolana y evitar que se le relacione con movimientos opositores o gestiones privadas que ocurran fuera de su jurisdicción. Esta narrativa refuerza la línea diplomática de neutralidad que ha buscado sostener el actual gobierno.
Además, el episodio deja ver que, en plena reconfiguración política regional, cualquier vínculo —incluso indirecto— puede detonar lecturas geopolíticas. Por eso, el mensaje del gobierno termina siendo más amplio que la aclaración misma: se trata de reafirmar que México no se presta, ni voluntaria ni involuntariamente, a maniobras que puedan interpretarse como intervención extranjera. Ese es el verdadero valor agregado detrás de la postura difundida.
