El año 2024 ha marcado un periodo trágico y violento para el activismo en México, un país que, lamentablemente, se consolida como uno de los más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del territorio y el medio ambiente. Cifras recientes revelan que, al menos, 25 activistas fueron asesinadas a lo largo del año. Esta escalofriante estadística no solo representa una pérdida irreparable de vidas, sino que también subraya la grave violencia sistémica y la impunidad que enfrentan las personas que levantan la voz contra intereses económicos y criminales.
La mayoría de las víctimas eran defensoras que se oponían a proyectos extractivos, la tala ilegal o la invasión de tierras, lo que confirma que estos asesinatos están íntimamente ligados a conflictos territoriales y la explotación de recursos naturales. Estos crímenes reflejan la incapacidad del Estado para proteger a quienes ejercen un derecho fundamental: la defensa del medio ambiente. El doloroso saldo de 25 activistas asesinadas en México evidencia una «violencia ecológica» que busca silenciar las voces críticas mediante el terror.
La Violencia Focalizada: La Defensa Ambiental en la Mira
La cifra de 25 activistas asesinadas en México durante 2024 sitúa al país en los primeros lugares a nivel mundial en este tipo de violencia. Las defensoras ambientales, a menudo mujeres indígenas y campesinas, son blanco de amenazas, intimidación y, finalmente, ataques letales por su oposición a megaproyectos o actividades ilícitas como la minería o el despojo de tierras. Esta violencia focalizada busca desarticular la resistencia comunitaria y asegurar la continuidad de proyectos que atentan contra el equilibrio ecológico.
El problema trasciende la esfera criminal, ya que la impunidad que rodea a la mayoría de estos casos es un factor determinante. La falta de investigación, la nula aplicación de justicia y la ausencia de mecanismos de protección eficaces crean un ambiente propicio para que los agresores operen con total libertad. Cada una de las 25 activistas asesinadas deja un vacío en la lucha por la sostenibilidad y un doloroso recordatorio de la deuda pendiente del Estado mexicano con la protección de sus defensores.
La gravedad de la situación ha generado una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos y ambientales han alzado la voz, exigiendo al gobierno mexicano un cambio radical en su estrategia de seguridad y justicia. La defensa del medio ambiente es una labor esencial para el futuro del planeta, y el precio que se está pagando en México es inaceptablemente alto.
Esta preocupante información, es importante señalar que esta violencia sistemática ha llevado a que México sea constantemente señalado en informes de Amnistía Internacional y Global Witness como uno de los países más letales para los defensores de la tierra. Este patrón se intensifica en regiones con alta biodiversidad y presencia de conflictos por el agua o la explotación minera. Las 25 activistas asesinadas no son víctimas aisladas, sino parte de una tendencia bien documentada que exige una respuesta gubernamental con perspectiva de género y derechos humanos para evitar que el número siga creciendo.
La Demanda de Protección y Justicia
La sociedad civil y los colectivos de activistas han demandado la creación de protocolos de protección específicos para los defensores ambientales que, a diferencia de los mecanismos actuales, logren prevenir los ataques. La clave para detener esta masacre de 25 activistas y más, radica en garantizar la seguridad de las personas, pero también en combatir la impunidad y desmantelar las redes criminales y empresariales detrás de los crímenes.
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