27 de Junio del 2025.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exigirá al gobierno mexicano que entregue informes detallados sobre la crisis de desapariciones forzadas que afecta al país. Esta solicitud surge tras un procedimiento iniciado en abril, cuando el Comité concluyó que existen “indicios bien fundados” de que este delito se comete de manera sistemática en México, lo que ha encendido las alarmas a nivel internacional.
Las autoridades mexicanas ya fueron notificadas formalmente, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes ahora deberán coordinar la respuesta oficial. Esta acción representa una de las medidas más contundentes del organismo internacional en materia de derechos humanos, subrayando la gravedad del panorama en el país.
La solicitud no es simbólica. México está obligado a presentar información precisa sobre cuántas personas están desaparecidas, qué avances hay en las investigaciones, qué se está haciendo para evitar nuevas desapariciones, y cómo se está apoyando a las familias afectadas. También deberá explicar cómo se castiga a los responsables, tanto del sector público como privado, que hayan participado en estos crímenes.
Este procedimiento se da bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y se trata del mecanismo más fuerte que puede activar el Comité. México es el primer país en el mundo donde se aplica esta medida, lo que lo coloca en el centro del escrutinio internacional por esta problemática.
El objetivo del Comité es claro: vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada. El país deberá colaborar plenamente con la ONU y ofrecer datos confiables, algo que ha sido exigido durante años por organizaciones civiles y familiares de víctimas, quienes denuncian la falta de resultados y de transparencia.
