MÉRIDA.- En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su proyecto de Reforma al Poder Judicial, que incluye la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cosas.
Para defenderla, el mandatario ha hecho reiteradas críticas a los sueldos y prestaciones de los impartidores de justicia; a las resoluciones de varios de ellos que, a su juicio, favorecen a narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco; y a la corrupción que, afirma, existe en el poder judicial.
A esto se unen también las quejas por las veces que la Suprema Corte frenó reformas propuestas por su administración, a pesar de haber sido aprobadas en el Congreso, con mayoría de legisladores de su partido, tal como ocurrió con la reforma eléctrica.
Este discurso también ha sido replicado por funcionarios de su gobierno y por militantes de Morena. Varias de las frases se repiten, una y otra vez, incluso varias ya se decían desde antes de que el tema de la reforma estuviera sobre la mesa.
¿Son ciertas las afirmaciones con las que el Presidente pretende justificar la reforma al poder judicial? ¿Pueden comprobarse o tienen sustento claro? Lo cierto es que en varios de los casos son meras opiniones y generalizaciones. A continuación, un ejercicio de verificación con algunas de estas declaraciones.
Poder Judicial, “secuestrado”: frase imprecisa
“… Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco”.- Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 12 de julio de 2024.
La frase es imprecisa y difícil de comprobar, ya que generaliza y afirma sin aportar datos, cifras o nombres. En otras declaraciones ha mencionado casos muy específicos relacionados con grandes compañías, cuyos veredictos de los jueces, a su juicio, son injustos. Sin embargo, el gobierno federal no ha interpuesto recursos al respecto.
Por otro lado, según los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, realizado por el INEGI en 2023, hay 54 mil 388 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y, como cifra de referencia, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó en un comunicado que en ese año atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
¿Cuánto ganan los ministros de la Corte?
En diferentes conferencias matutinas, el Presidente ha criticado los sueldos de los ministros de la Corte; incluso las cifras proporcionadas varían.
“Es como el caso de los ministros, imagínense un impartidor de justicia en un país pobre que gana 700 mil pesos mensuales. ¿Dónde está la sensibilidad? Eso es abusivo”, dijo el 11 de abril pasado. Por otro lado, el 15 de julio declaró: “¿Un Ministro que gana 600 mil pesos va a tener convicción democrática o vocación de justicia”.
Además el pasado 10 de julio, Elizabeth García Vilchis, titular de la sección “Quién es quién en las mentiras”, dio una serie de cifras sobre los sueldos de los integrantes del poder judicial, sin citar la fuente o el desglose de los datos. Ella dijo que un ministro de la Corte gana 297 mil 403 pesos mensuales. “De aguinaldo más o menos son 40 días para los ministros, esto es un monto de 586 mil 92 pesos, más de medio millón de pesos”, agregó y detalló otras prestaciones.
Sin embargo, todas estas cifras sobre los sueldos de los magistrados resultan falsas según el “Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del
Poder Judicial de la Federación” en 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de este año.
Según este documento, el sueldo mensual de un ministro es de 206, 948 pesos, con un aguinaldo y una prima vacacional anual de 445,434 pesos y un pago por riesgo, también anual, de 416, 754 pesos.
¿Voto popular = menos corrupción?
“Entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar”, dijo AMLO el 12 de febrero pasado al justificar la elección de integrantes del Poder Judicial por voto popular.
La declaración es imprecisa y ambigua, pues no hay relación directa entre el proceso para elegir a las personas y las características de estas.
Además, hay organizaciones que sostienen que “la elección popular de juezas y jueces compromete su independencia e imparcialidad al alinear las decisiones judiciales con la opinión popular en lugar de la ley”, tal como se establece en el análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México elaborado por el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.
“La elección popular de jueces y juezas no garantiza que estos sean seleccionados con base en sus méritos o competencias, sino de acuerdo con su popularidad. Tampoco garantiza que una autoridad independiente esté a cargo de las nominaciones judiciales para asegurar un proceso de selección accesible, objetivo e independiente”, agrega.
¿Castigos a jueces agilizarán los tiempos?
Otra de las propuestas de la reforma es agilizar los procesos penales y fiscales con la presión centrada en jueces, magistrados y ministros de la Corte, imponiendo plazos de hasta un año para resolver los casos que les asignen, con la posibilidad de ser inhabilitados o hasta destituidos en caso de no cumplirlos.
“¿Sabías que la reforma al poder judicial propone que los juicios penales se resuelvan en menos de un año y los fiscales en menos de 6 meses? Si los jueces no cumplen con esos plazos, podrán ser hasta destituidos por el mismo tribunal de disciplina judicial”, dijo el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, en un video en redes sociales.
Sin embargo, jueces y abogados consultados por la unidad de verificación de datos de Animal Político explicaron que hay distintos factores que retrasan la resolución de los procesos penales y fiscales, una vez que se presentan, como la carga excesiva de trabajo tienen las personas juzgadoras, o el desempeño que tengan los ministerios públicos, por lo que dichas afirmaciones podrían ser incumplibles.
¿Qué pasa con los juzgados locales?
Otro punto es que la iniciativa se centra en el Poder Judicial de la Federación. Mientras que los procesos por delitos del fuero común como homicidio, feminicidio o robo con violencia se desahogan en los juzgados locales, que dependen de los poderes judiciales estatales y que, para ver cambios, tendrán que ajustarse en cada entidad a los planteamientos de la reforma.
En el primer semestre de 2024, el 96.3% de los delitos reportados ante las fiscalías eran del fuero común y sólo 3.6% correspondieron a los procesos penales federales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Eso corresponde a los poderes judiciales de los estados. Veo imposible que cumplan con los plazos por la razón tan sencilla de que el número de procedimientos que se llevan en la sede local es inmenso”, expuso la directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velásquez.
Opiniones de editorialistas del Diario sobre la reforma judicial
- José Santiago Healy: Paren la reforma judicial
- José Woldenberg: Subordinar y debilitar
- Dulce María Sauri Riancho: Justicia en riesgo ante la reforma oficial
- Rodrigo Llanes Salazar: De la reforma judicial
Esta nota Mentiras y datos imprecisos de AMLO y Morena sobre la reforma judicial apareció primero en Diario de Yucatán.
