Un nuevo escándalo de corrupción de gran magnitud ha estallado en Ucrania, poniendo bajo la lupa al círculo más cercano del presidente Vladímir Zelenski. Las investigaciones revelan sobornos millonarios, amenazas y grabaciones secretas que exponen la influencia indebida de altos funcionarios y empresarios vinculados al mandatario en la designación de cargos y decisiones políticas clave.
De acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), el caso está centrado en la compañía estatal Energoátom, responsable de la energía atómica en el país. Los fiscales aseguran que el esquema de corrupción alcanzó niveles tan profundos que comprometió no solo el ámbito económico, sino también el político, involucrando a ministros y asesores del propio Gobierno.
Durante las redadas, los agentes anticorrupción decomisaron fajos de miles de dólares y euros en efectivo, además de registros de conversaciones telefónicas y grabaciones clandestinas. Estos materiales sirvieron como base para las acusaciones contra Timur Míndich, conocido como “la billetera” de Zelenski, y contra Ígor Mironiuk, exasesor del ministro de Energía, Guerman Galúschenko.
Las transcripciones filtradas muestran cómo los implicados discutían sobre nombramientos en el nuevo Gabinete y sobre quién debía ocupar el cargo de embajador en Estados Unidos. En dichas conversaciones, se mencionan directamente los nombres de la primera ministra Yulia Sviridenko y de la entonces embajadora Oksana Markárova, evidenciando un intento de manipular la estructura de poder a conveniencia del grupo.
El propio Galúschenko, que en ese momento era considerado para ocupar la embajada en Washington, fue finalmente designado ministro de Justicia. No obstante, fue apartado de su cargo este miércoles tras aparecer en las grabaciones divulgadas por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), que lo relacionan con el esquema de sobornos y tráfico de influencias.
El caso, que ya es descrito por medios locales como uno de los mayores escándalos de corrupción en la era Zelenski, amenaza con sacudir los cimientos del Gobierno ucraniano. Los fiscales aseguran que las investigaciones continuarán y que ningún funcionario, por alto que sea su rango, quedará exento de rendir cuentas ante la justicia.
