La decisión de imponer el DNR a los cruceristas sigue generando divisiones en el Senado, evidenciando posturas encontradas entre legisladores de distintas fuerzas políticas. Por un lado, la senadora panista Mayuli Martínez calificó la medida como una “puñalada traicionera” para los trabajadores de Quintana Roo y un golpe directo al turismo, que aporta el 40% del PIB estatal. Martínez argumentó que el incremento del impuesto, de 717.14 a 860.56 pesos por persona en 2025, y la eliminación de la exención para cruceros, pone en riesgo la competitividad de puertos como Cozumel y Mahahual frente a otros destinos del Caribe.
De acuerdo con la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), los costos en México serían un 213% más altos que en otros puertos de la región, lo que podría llevar a las navieras a cancelar escalas en el país. Esto representaría pérdidas económicas superiores a mil millones de dólares y la desaparición de más de 20,000 empleos directos. Martínez también criticó la redirección de los fondos del DNR hacia proyectos de infraestructura gestionados por la SEDENA, en lugar de destinarlos a la promoción turística. “La prórroga no es suficiente. Esta medida debe cancelarse para proteger la economía de las familias que dependen del turismo”, enfatizó.
En contraste, el senador de Morena Gino Segura respaldó la medida, esta diferencia refleja un debate más amplio sobre cómo equilibrar la competitividad turística y la sostenibilidad económica en un sector clave para el país. Mientras Martínez advierte sobre el impacto negativo en el empleo y los ingresos estatales, Segura insiste en la necesidad de aprovechar el turismo como una fuente de desarrollo a largo plazo.
