10 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONA. Miles de manifestantes se congregaron este martes en la ciudad de Mendoza, Argentina, para expresar su enérgico rechazo a un paquete de proyectos de explotación minera que, según los colectivos de activistas, representan una seria amenaza para el acceso y la calidad del agua en la provincia. La protesta en Mendoza coincidió con el día en que el Senado de la provincia, ubicada a mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, tenía previsto someter a votación las polémicas propuestas enfocadas principalmente en la extracción de cobre y oro. Este masivo acto subraya la profunda preocupación ambiental en la región.
La movilización, impulsada por Asambleas del Agua, organizaciones sociales y partidos políticos, fue visible y ruidosa en las afueras de la Legislatura mendocina. Los manifestantes, que se contaron por miles, siguieron de cerca el debate parlamentario en vivo, portando pancartas con un lema contundente y unificado: «Con el agua de Mendoza no se negocia». Esta frase sintetiza el sentir de la población que prioriza la conservación del recurso hídrico, esencial en una zona de clima árido y dependiente de los deshielos de la cordillera.
El Proyecto San Jorge: Cobre, Oro y Preocupación Hídrica
El centro de la controversia es el proyecto minero «San Jorge», cuya ubicación principal se encuentra cerca de la ciudad de Uspallata, a unos 100 kilómetros de la capital provincial y próximo a la frontera con Chile. Este proyecto clave prevé la instalación de una mina de cobre a cielo abierto, una iniciativa que acarrea una inversión superior a los 500 millones de dólares y que es impulsada por el gobierno provincial. La principal preocupación de la protesta en Mendoza reside en el uso intensivo de agua y el posible impacto ambiental que esta técnica minera podría tener en las reservas hídricas locales, así como en la contaminación de los caudales.
La propuesta cuenta con el respaldo explícito del gobernador provincial, Alfredo Cornejo, quien además es un aliado político cercano del presidente Javier Milei. Este apoyo político ha polarizado aún más el debate, poniendo en tensión los intereses de desarrollo económico y la protección ambiental. La protesta en Mendoza se ha convertido así en un pulso entre la visión de impulsar grandes inversiones mineras para generar divisas y empleo, y la demanda social de proteger el recurso natural más vital de la provincia.
Dispositivo de Seguridad y Movilización desde Uspallata
Ante la expectativa de una masiva protesta en Mendoza, las autoridades locales implementaron un robusto dispositivo de seguridad en torno al parlamento. Más de 500 efectivos policiales fueron desplegados y se instaló un vallado de seguridad que abarcó varias cuadras alrededor del edificio de la Legislatura. Esta medida preventiva buscaba garantizar el orden público y la seguridad de los legisladores durante la votación de los proyectos mineros, evitando cualquier posible escalada de violencia o intento de interrupción de la sesión.
Una parte significativa de los manifestantes se había movilizado desde Uspallata, el epicentro del proyecto San Jorge. Este grupo, de cerca de 2 mil personas, recorrió 100 kilómetros hasta la capital provincial para sumarse a la protesta en Mendoza. Su presencia fue un testimonio directo de cómo el conflicto minero toca de cerca a las comunidades rurales y a quienes dependen de la agricultura y otras actividades tradicionales, reafirmando que la oposición a la explotación de cobre y oro está profundamente arraigada a nivel local.
Valor Agregado (Clima y Riesgo Hídrico): La provincia de Mendoza se caracteriza por ser una zona semiárida y árida, donde el acceso al agua es críticamente dependiente del manejo de los recursos hídricos superficiales provenientes del deshielo de la Cordillera de los Andes. . Esta condición climática hace que la percepción de riesgo de contaminación o sobreconsumo de agua debido a la megaminería sea mucho más aguda que en otras regiones. La Ley 7722, una normativa provincial previa que regulaba el uso de sustancias químicas en la minería, es un punto de referencia constante en el debate, ya que los manifestantes temen que los nuevos proyectos mineros socaven las protecciones ya existentes sobre este recurso limitado y vital para la vida y la producción agrícola de Mendoza.
