13 DE ENERO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha lanzado una alerta urgente sobre la situación de al menos 24 comunicadores que permanecen tras las rejas en el país sudamericano. Según el organismo gremial, estos ciudadanos forman parte del grupo de detenidos por motivos políticos que esperan ser incluidos en los recientes procesos de excarcelación anunciados por las autoridades. La organización denunció que las capturas han sido arbitrarias y que el número de casos documentados ha subido debido a que más familiares han decidido romper el silencio y vencer el temor a las represalias.
El sindicato sostiene que el encarcelamiento de estos profesionales se debe directamente al ejercicio del periodismo independiente y a la difusión de opiniones críticas. A los encarcelados por causas ideológicas se les imputan delitos sumamente graves, tales como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir. Lo más preocupante para las organizaciones de derechos humanos es que estos procesos judiciales se llevan a cabo sin respetar el debido proceso, negando a los trabajadores de los medios el acceso a una defensa privada y efectiva.
Casos emblemáticos y centros de reclusión
Dentro de la lista actualizada figuran nombres como el de Ramón Centeno, quien fue arrestado mientras investigaba temas de narcotráfico, y el de Roland Carreño, dirigente y periodista detenido por segunda vez. Muchos de estos reclusos de conciencia en Venezuela se encuentran distribuidos en centros de reclusión de máxima seguridad como El Helicoide, El Rodeo I y Yare II. A pesar de las promesas oficiales de revisión de expedientes, profesionales como Luis López y Gabriel González siguen privados de su libertad bajo condiciones de aislamiento y falta de información judicial clara.
La situación se extiende a reporteros gráficos y editores de medios digitales, como es el caso de Carlos Julio Rojas y Rory Branker. El SNTP enfatiza que estos nombres son solo una parte de un patrón sistemático de persecución y criminalización que busca silenciar a quienes informan sobre asuntos sensibles. Para los familiares de estos arrestados por opinión política, la espera se ha vuelto una agonía, especialmente cuando ven pasar los días sin que los nombres de sus seres queridos aparezcan en las boletas de excarcelación emitidas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Contradicciones en las cifras de liberación
Aunque el gobierno venezolano ha informado sobre la salida de más de cien personas de las cárceles, las organizaciones no gubernamentales manejan datos muy distintos. Mientras el ministerio habla de 116 beneficiados, el Foro Penal y la plataforma Justicia, Encuentro y Perdón reportan poco más de 50 casos confirmados. Esta falta de transparencia afecta directamente a los sujetos bajo custodia política, ya que no existe un listado oficial público que permita verificar quiénes han recuperado realmente su libertad y bajo qué medidas cautelares lo han hecho.
La Plataforma Unitaria Democrática ha denunciado que el número de liberados representa apenas una mínima fracción del total de personas detenidas tras los eventos electorales. Para el gremio periodístico, el hecho de que ninguno de los 24 comunicadores haya sido incluido en las primeras tandas de salida es una señal negativa para la libertad de prensa. Mientras tanto, las familias de los privados de libertad por informar mantienen vigilias permanentes a las afueras de las cárceles, esperando un anuncio que les devuelva a sus allegados después de meses o años de encierro injustificado.
