21 DICIEMBRE 2025-NACIONAL- Durante más de una década, el mantenimiento carretero en el Estado de México ha sido motivo de cuestionamientos debido a un contrato que, pese a su alto costo, no ha cumplido con los objetivos planteados. A lo largo de 12 años, el gobierno estatal ha pagado más de 8 mil millones de pesos a la Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, sin que las carreteras y avenidas incluidas en el acuerdo reciban la atención prometida.
El contrato se firmó bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), impulsado durante administraciones pasadas. Este modelo buscaba que empresas privadas asumieran tareas clave, como el mantenimiento carretero, a cambio de pagos mensuales garantizados. Sin embargo, con el paso de los años, el esquema mostró fallas importantes, ya que la empresa redujo su intervención a solo ocho de las 70 vialidades originalmente pactadas, mientras el gobierno continúa pagando casi 75 millones de pesos cada mes.
La empresa argumentó que muchas vialidades sufrieron alteraciones a su condición original, como la apertura para introducir tuberías u obras de terceros. Amparada en una cláusula de “no disponibilidad”, dejó de intervenir en esas vías sin que ello implicara una reducción proporcional en los pagos.
Diputados locales han exigido rescindir el convenio, al considerarlo ventajoso para el consorcio integrado por Prodemex y Constructora Teya. Legisladores sostienen que se paga por un servicio que no se presta, lo que representa un daño directo al erario. No obstante, las autoridades estatales han reconocido que cancelar el contrato implicaría pagar una indemnización elevada, lo que limita el margen de maniobra financiera.
El origen del problema se remonta a los años en que se promovieron los PPS como solución para infraestructura y servicios. Bajo este esquema se construyeron hospitales y centros culturales, y se entregó a privados el mantenimiento carretero de caminos estatales. En 2010 se firmó el contrato para conservar 70 vialidades durante 25 años, pero entre 2010 y 2013 se modificó el acuerdo y el número se redujo a 56.
