La Fiscalía General de Quintana Roo está nuevamente en el ojo del huracán por un caso que refleja la negligencia en su máximo esplendor. Tras cuatro años de búsqueda incansable, Francisca Mariner fue encontrada en el mismo lugar donde debió haber estado identificada desde el principio: el Servicio Médico Forense (Semefo). Su madre, reconocida activista del colectivo de madres buscadoras del estado, tuvo que realizar protestas, como bloquear la zona hotelera de Cancún, para exigir respuestas. Solo así logró que las autoridades realizaran las pruebas de ADN que finalmente confirmaron la identidad de su hija.
La historia de Francisca es desgarradora. Fue asesinada por su pareja durante una discusión, y aunque el responsable fue detenido, nunca reveló dónde estaba el cuerpo. Lo más indignante es que el cadáver de Francisca fue hallado pocos días después de su desaparición, pero ni el Semefo ni la Fiscalía se tomaron la molestia de informar o coordinarse con su familia. Mientras tanto, su madre recorría calles y enfrentaba el dolor de no saber qué había pasado, todo mientras la verdad estaba archivada en una oficina.
Este caso no solo deja una profunda tristeza, sino también una indignación colectiva ante un sistema que ha fallado repetidamente. La falta de empatía, coordinación y compromiso de las autoridades no solo prolongó el sufrimiento de una madre, sino que puso en evidencia las graves fallas en los procesos de identificación y comunicación. Hoy, su madre dice que “pudo regresarla a casa”, pero el vacío que dejan estos cuatro años de abandono por parte de las instituciones es irreparable.
